1/1:  20100126 600x329 ()

EDUARDO BARRENECHE

Los inspectores de tránsito negocian el pago de un ficto por cada notificación realizada a un conductor de un auto con chapa de otro departamento. Experto en derecho tributario señala que la IMM no puede efectuar intimaciones.

"El tema de la seguridad jurídica dejó en un segundo plano los aspectos económicos de las fiscalizaciones. Todavía se está negociando con la IMM. Cada vez que se salió a fiscalizar se plantea al municipio que pague una retribución", admitió a El País el integrante del Comité de Base de los inspectores de tránsito, Riquiem Bonfliglio.

Consultado sobre si los funcionarios municipales cobrarán alguna partida por fiscalizar autos con chapas del interior, Bonfiglio dijo que "eso todavía está en discusión con la IMM.

Bonfliglio señaló que cobrar un ficto "es una posibilidad", porque la notificación para que el conductor vaya a la Intendencia se transforma en una infracción si el conductor no va". Admitió que "el tema aún no está definido" con la IMM.

Con respecto a las pretensiones de los inspectores de tránsito, el funcionario municipal dijo que "siempre" se les paga un porcentaje de la multa.

"En realidad, cuando hemos salido en otras oportunidades a fiscalizar matrículas del interior, hemos cobrado muy poco o nada", agregó. "O bien la persona reempadrona y no se le aplica la sanción o las multas no se pagan", señaló el funcionario.

El funcionario de la comuna advirtió que controlar autos matriculados en otros departamentos "no forma parte" de la descripción de tareas del inspector de tránsito.

Fuentes de la comuna afirmaron a El País que el tema económico no fue planteado en las negociaciones con los inspectores de tránsito.

Sin aval. Por su parte, el abogado tributarista Leonardo Costa afirmó a El País que la comuna capitalina "no tiene" aval jurídico para exigir a un conductor que pruebe su residencia en otro departamento. "Se trata de un exceso de la comuna. Le están imponiendo al ciudadano una carga. Esa tarea le corresponde a la IMM y no al ciudadano que legítimamente tiene un auto matriculado en otro municipio", dijo. "La política tributaria no pasa por la inspección sino por bases de cálculo adecuadas. Es decir, poner patentes que reflejen el precio del mercado. El problema de Montevideo es que fija un precio de patente que está por fuera del mercado", dijo Costa.

DUDAS. Para aventar las dudas de los inspectores, la Intendencia de Montevideo elaboró un protocolo de actuación. El primer borrador señalaba que los inspectores podrían solicitar la liberta de conducir del conductor y la de propiedad del auto y luego los funcionarios debían solicitar el domicilio del chofer.

Ninguna norma nacional ni municipal habilita a los inspectores a pedir el domicilio de un conductor de un auto para estamparlo en un acta.

El lunes 25, la comuna entregó otro borrador de protocolo en el que eliminó la posibilidad de que los inspectores se metan en discusiones con conductores sobre sus domicilios. Los funcionarios solo van a entregar notificaciones dándoles 15 días hábiles para reempadronar.

Según Bonfiglio, la oficina de reempadronamientos será el lugar donde el conductor deberá probar su residencia.