Nuevas técnicas de investigación desatan polémica a nivel judicial

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Pablo Meléndrez

Los nuevos métodos de investigación judicial para indagar grupos delictivos son objeto de cuestionamientos por parte de los abogados. Jueces y fiscales son conscientes de que se trata de prácticas invasivas y por eso deben usarse con prudencia.

Las críticas surgieron tras el procesamiento del penalista Carlos Curbelo Tammaro, que fue enviado a prisión imputado de los delitos de "lavado" y "asistencia para el lavado" de dinero proveniente de una organización de narcotraficantes.

En ese caso, el juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez aplicaron la figura del "colaborador", que fue creada este año en la nueva Ley Antilavado de Activos, y que habilita a una persona de la organización delictiva a dar información a cambio de no ser procesada o recibir una pena menos severa.

En el caso de Curbelo Tammaro, también se utilizaron las escuchas telefónicas. Su abogado, Miguel Langón, cuestionó severamente los métodos de investigación utilizados. Además, el miércoles pasado un grupo de abogados difundió una carta pública donde alertan que el procesamiento del penalista genera "inseguridad" para el ejercicio de la profesión.

GARANTÍAS. En tanto, jueces y fiscales sostienen que la nueva legislación antilavado es solamente el cumplimiento de pactos internacionales asumidos por Uruguay tiempo atrás y que, además, se utilizan en la mayoría de los países. El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe, dijo que cuando se aplican los nuevos métodos de investigación, los indagados "tienen todas las garantías". Perciballe señaló que si bien se está en un proceso gradual de aplicación de los nuevos sistemas indagatorios, "lo importante es la voluntad que hubo para crearlos".

Por su parte, el juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, sostuvo que se trata de "medios que permiten investigar delitos que de otra manera no podrían indagarse", como por ejemplo los casos de narcotráfico o importantes maniobras de lavado o estafas.

El magistrado indicó que si bien algunas de las técnicas de investigación implican una invasión de la privacidad de las personas, es una situación que está prevista legalmente donde se prioriza el interés general de la sociedad ante un presunto hecho delictivo.

Tanto Díaz como Perciballe remarcaron que son sistemas de investigación que se deben utilizar en los casos que realmente lo ameriten, y que requieren un especial seguimiento de jueces y fiscales.

LO NUEVO. A principios del pasado mes de junio, el Parlamento aprobó una serie de modificaciones a la Ley Antilavado, en la que se introdujeron las nuevas técnicas de investigación para casos de lavado de activos y narcotráfico.

Lo novedoso de la normativa fue la inclusión de la figura del "colaborador" (aplicada en el caso de Curbelo Tammaro) y la del "agente encubierto", mediante la cual un investigador policial se infiltra en la organización delictiva con el objetivo de obtener información.

Perciballe dijo que en casos importantes la posibilidad de contar con un "colaborador" puede ser "una llave" para esclarecer los hechos. Aclaró, sin embargo, que la información que aporta esa persona es verificada y, en caso que comprometa a otro indagado, se contrastan esos elementos con la prueba ya existente.

En cuanto a la figura del "agente encubierto", hasta el momento no ha sido utilizada por ningún juzgado, ya que no han surgido casos que ameriten su aplicación, porque se entiende que es la alternativa más arriesgada y por eso "hay que usarla con especial ponderación", admitió Perciballe en diálogo con El País.

Tanto la "vigilancia electrónica" (que incluye escuchas telefónicas e interceptación de mensajes de texto y correos electrónicos) como la "entrega vigilada" mediante la cual se sigue la ruta de un cargamento de droga para poder identificar a todos los destinatarios, se aplican desde hace varios años, pero la nueva ley introdujo un mejor marco regulatorio para estas técnicas, dijo el fiscal.

La ley Antilavado aprobada hace seis meses, también dispuso un sistema de protección para testigos, víctimas y colaboradores. En tal sentido, prevén mecanismos para ocultad su identidad y paradero e, incluso, la norma habilita a llegar a un acuerdo con otro país para reubicar a esa persona.

Procesamientos contra organización de contrabandistas Las escuchas telefónicas como apoyo a la investigación judicial, fueron utilizadas en el caso que resolvió esta semana el juez Federico Álvarez Petraglia, que en la madrugada del sábado procesó con prisión a cinco personas con un delito "continuado de contrabando" y "asociación para delinquir", y a otras dos sin prisión, todas integrantes de una organización que operaba a través de un free shop del Chuy, Rocha.

El operativo que llevó a la detención de estas personas y que tiene a medio centenar más bajo investigación, fue bautizado por la Policía como "Pegasus".

Al interrogar a los indagados, el juez Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez exhibieron una gran cantidad de pruebas que evidenciaban la maniobra: filmaciones, escuchas telefónicas e interceptación de mensajes de texto de celulares y correos electrónicos. Ante este cúmulo de pruebas, los abogados defensores de los implicados no tuvieron casi argumentos a favor de sus clientes. El caso fue investigado durante casi un año por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, bajo la supervisión del juez y fiscal.