Ha sido necesario un fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, para que el Fondo Nacional de Recursos financie los tratamientos a seis pacientes aquejados de una gravísima enfermedad. El Tribunal condenó al FNR a que se haga cargo de los tratamientos con medicamentos originales, a seis enfermos de esclerosis múltiple. Advierte sobre posibles riesgos de utilizar copias genéricas.
Es más: el Tribunal señala que el FNR ha tenido una actitud "discriminatoria" ya que hasta 2008 brindó fármacos originales a pacientes de esta enfermedad (que afecta el sistema nervioso central), y ahora no. Como bien dice el Tribunal, los pacientes tienen derecho al mismo tratamiento y no tienen "por qué aceptar copias por el solo hecho de vivir en Uruguay".
Este episodio se suma a otros, análogos. Por ejemplo, para que el Ministerio de Salud Pública suministrara ciertos fármacos que según especialistas necesitan algunos pacientes afectados de cáncer, recientemente fue necesario otro fallo judicial. Es decir que la realidad se contrapone en forma dura y dolorosa a la voceada preocupación gubernamental por la salud pública. Actitud acompañada por profusa publicidad callejera (sobre 18 de Julio, acerca de los riesgos del tabaquismo) y cosas como la inauguración de unas 90 camas y mejoras en el Instituto Nacional del Cáncer.
Hay más: hace ya largo tiempo que el Poder Ejecutivo frustró un intento privado de instalar en el país un equipo PET de diagnóstico del cáncer. Esto no fue autorizado por el MSP porque la política oficial consiste en no permitir adelantos médicos si no los tiene antes Salud Pública. Todavía Uruguay no cuenta con el PET. Pero sí se ha anunciado con bombos y platillos, como si no hubiera acontecido nada de lo antedicho, que en marzo finalmente los uruguayos tendrán el PET.
Todo esto sería serio en cualquier encrucijada médica. Pero lo es muchísimo más en las coyunturas referidas, porque se trata de dolencias gravísimas que no admiten esquives o demoras en los tratamientos. Penosas circunstancias, frecuentemente de vida o muerte, que afectan a compatriotas que tienen derecho a la mejor atención.