Juzgados: resolución fue lo más discutido

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La sentencia del juez de Maldonado Gabriel Ohanian sobre el motín en Las Rosas fue lo más discutido ayer en los juzgados -en especial penales-. El tema generó charlas y polémicas en estudios de abogados y pasillos de sedes judiciales.

Las opiniones de profesionales consultados por El País fueron diversas.

El ex fiscal de lo Contencioso Administrativo y catedrático en Derecho Penal Miguel Langón, valoró como muy positivo "el tratamiento que hace el juez, la comprensión humana de la situación del funcionario policial". "Es muy fácil apostrofar sentado en un sillón y otra cosa es estar allí con lo que le da el Estado, que tiene que proveer armamento ofensivo y defensivo", sostuvo.

Langón destacó que Ohanian "habla de una situación de vida o muerte" sucedida en el motín y que los policías "tienen obligación de enfrentar el delito pero no de hacerse matar. No son santos ni héroes, deben cumplir sus funciones".

Afirmó que a los policías que intervinieron en el motín les caben tres causas de justificación en su actuación: legítima defensa, cumplimiento de la ley y obediencia debida.

Langón se inclinó por "apoyar muy calurosamente la posición del juez", la que "da una sensación de tranquilidad a la familia policial, que se sienta respaldada por la ley".

Hizo hincapié en que la resolución da una visión de Las Rosas "absolutamente compatible con la del representante de ONU", que visitó Uruguay meses atrás.

COMPLEJO. El constitucionalista Martín Risso, decano de Derecho en la Universidad Católica, expresó que esta sentencia "es un llamado más a que la sociedad uruguaya deje de hablar de derechos humanos y pase a actuar en clave de derechos humanos".

Para Risso, "no es admisible lo que ocurre en las cárceles ni que se niegue medicamentos a enfermos terminales. Esto no es propio de un Estado de Derecho ni digno para ninguna sociedad que se precie de civilizada". El constitucionalista opinó que la situación "extrema" de los agentes actuantes "debe ser analizada con mucho cuidado" y recordó que los principales especialistas del mundo discutieron algo parecido "en los recientes juicios contra los centinelas del Muro de Berlín y sus homicidios".

"Se trata de un tema extraordinariamente discutible y con múltiple material que ilumina el tema. Creo que se debería profundizar mucho más en este tema, a lo que invita la sentencia", acotó. "Si bien es cierto que comparto que entre la opción entre la Justicia y la ley debe optarse por la primera, creo que es también un tema profundamente complejo", comentó el decano.

"La ley injusta es inconstitucional y conforme el artículo 256 y siguientes de la Constitución el Juez no puede inaplicar la ley sino plantear la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, comparto la conclusión pero no necesariamente la parte instrumental o procesal", concluyó Risso.

BRILLANTE. Al penalista Alejandro Balbi le pareció "brillante y ajustada a la vida real" la sentencia. "En mi caso lo percibí últimamente cuando me tocó defender a Gaby Álvarez, pero no caigamos los operadores judiciales en el simplismo de decir que eso pasa sólo en Las Rosas, pasa en casi todas las cárceles del país y especialmente en el Comcar y en el Penal de Libertad", dijo Balbi.

"Ojalá haya un antes y un después con esta sentencia. Coincido plenamente en el concepto básico doctrinario que ahora es jurisprudencial, que no es nuevo, de que siempre debe primar la Justicia ante cualquier otro argumento legal", concluyó.

OEA. Los abogados Gustavo Salle y Ramiro Chimuris prevén denunciar ante la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA la "violación sistemática y permanente de los derechos humanos de los presos".

"Instauraron tácitamente la pena capital, porque cuando conviven 300 o 400 presos que provienen del ámbito marginal y hay unos pocos policías para controlarlos, es darle la carta blanca para que se maten entre ellos", dijo Salle.

"Existe un estado de subversión jurídico que se alienta por parte del Poder Ejecutivo y en buena medida es cómplice el Poder Judicial", agregó.

"Entre la ley y la Justicia, elijo la Justicia", sostuvo el magistrado en su fallo por el motín . En una entrevista con El País profundizó sobre sus fundamentos. "El orden jurídico es ahora un código de valores. La tensión entre legalidad y justicia ha existido y siempre existirá y el fiel de la balanza se bascula entre ambas en procura de un equilibrio", señaló.

MALDONADO | MARCELO GALLARDO

- Qué sintió esa madrugada en el penal?

-Esa madrugada el caos en el penal era lo que imperaba, griterío, gente corriendo para todos lados, el personal con el semblante tenso, los reclusos prendiendo fuego colchones... los bomberos que iban de un lado a otro... parecía más bien una escena de surrealismo de las películas de Martin Scorsese.

-¿Temió por su vida?

-Por supuesto que sí, porque el descontrol era total, la tensión era máxima... pero bueno, esto uno se da cuenta después, con el paso de las horas. En verdad ni yo, ni el fiscal Luis Pacheco hacíamos otra cosa que nuestro trabajo, como cualquier otro juez y fiscal de turno, en el lugar de los hechos penalmente relevantes allí constituidos.

-Usted sostuvo que procesar a un agente de 2a. es "cortar el hilo por lo más delgado". ¿Existen otras imputaciones objetivas por lo que ocurrió en el penal?

-Sí, ese fue uno de los fundamentos de la resolución que ya es de conocimiento público. Lo que ocurrió aquella noche fue resultado de un cúmulo de cosas mal hechas, de imprevisiones, que arrancan en la noche de los tiempos, esto no es de un día, ni de dos, ni de diez.

-El contenido de su fallo fue muy comentado, especialmente el dilema que planteó: "entre ley y la justicia, elijo la justicia". ¿Puede abundar en el tema?

-Antiguamente, en concepciones superadas por completo, la ley era el paradigma del derecho. Pero hoy, ya los jueces no se encargan sólo de aplicar la ley, como se enseñaba antes. Tratan de darle a sus fallos un fundamento ético que enmarca en la moral que postula el Estado de Derecho. El orden jurídico es ahora un código de valores. La tensión entre legalidad y justicia ha existido y siempre existirá y el fiel de la balanza se bascula entre ambas en procura de un equilibrio.

-¿Existe el riesgo que de su fallo se desprendan eventuales casos de gatillo fácil por parte de los policías que custodian presos?

-Yo mismo lo he pensado; si esa fuera la conclusión a la que arribaran los uniformados sería una lectura parcial y errónea del pronunciamiento. Le puedo asegurar que resolver este tipo de cosas no es sencillo, le cuesta a uno varias noches de sueño.

-¿Cómo le cayó el informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario?

-El informe arriba a conclusiones diversas a las que arribamos el doctor Pacheco y yo. Nosotros decimos que sí hubo un intento masivo de fuga y que sí hubo la posibilidad real que tuviera éxito. Son ópticas distintas. Me parece saludable y habla bien de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía que entidades diversas del Estado, que pertenecen a órganos diferentes, tengan visiones disímiles. Eso hace a la pluralidad democrática. En verdad, es un valor agregado. Tanto yo como el fiscal llegamos a una conclusión y el comisionado a otra. Termina en eso.

-¿No hay una responsabilidad penal por las carencias del servicio que usted enfáticamente menciona en su fallo y que en definitiva condujo a la muerte de dos personas?

-Penal no. La responsabilidad en el derecho uruguayo es de varios tipos, administrativa, civil, etcétera, y en tal sentido este hecho dará lugar supongo a accionamientos reparatorios de las víctimas y sus sucesores.

-¿Están dadas las condiciones para que pueda reiterarse otro acontecimiento similar en Las Rosas?

-Hemos sabido en la noche del lunes que el Ministerio de Defensa se ha ocupado de la guardia perimetral. Esto es un avance enorme y ya había sido recomendado por el señor Comisionado en mayo. Saludablemente ahora se adopto esta decisión que es relevante. Ojalá avancen las obras de la construcción de los nuevos módulos rápidamente de manera que se descongestione el hacinamiento que padecen los reclusos, que es el terreno fértil para hechos como el del pasado 21 de octubre.

Maldonado | M. GALLARDO

El fiscal Luis Pacheco precisó sus diferencias y coincidencias con el juez penal Gabriel Ohanian. Pacheco había solicitado el procesamiento del agente A.B.P.P. por un delito de homicidio culposo y de dos reclusos por incitación al motín.

Al ser consultado sobre sus diferencias con el juez, Pacheco respondió: "La diferencia radica en que para la Fiscalía, en la última etapa del procedimiento, cuando los reclusos se habían replegado a sus respectivos sectores, se produjo un nuevo tiroteo en la puerta del módulo 0, en el cual por lo menos un efectivo policial realiza disparos a través de la mirilla de la misma, hacia el interior del sector, y tal conducta para la Fiscalía configura un exceso de legítima defensa, lo que modernamente se denomina `legítima defensa imprudente`, que amerita un procesamiento", sostuvo.

Sobre la posible responsabilidad de los mandos en la situación, Pacheco señaló: "Es excesivo atribuir a los jefes del servicio -a partir de las carencias constatadas- una responsabilidad penal, pues ello supondría sostener que han creado intencionalmente un riesgo que se ha concretado en la producción del resultado que sobrevino. Por ello, y en esto se comparte la fundamentación del señor juez, se entiende que en el caso existe una presunta responsabilidad del Estado que también podrá reclamarse por vía civil, pero que no es suficiente para imputar figuras penales", consideró el fiscal.

En cuanto a la posibilidad de que el fallo pueda alentar casos de "gatillo fácil" entre los policías, Pacheco sostuvo que "no lo creo así, porque el funcionario policial en nuestro país cumple en general con las normas establecidas".

El jefe de la cárcel

La presencia del jefe de la cárcel, el comisario Javier Cancela, es objeto de discrepancias entre el juez y el fiscal. Para el primero, el comisario Cancela estaba al frente de la comitiva policial que vuelve al módulo 0 donde se había originado todo. Para el fiscal, en cambio, Cancela no llega sino hasta más tarde, cuando el caos ya se ha desatado y los policías responden con fuego letal, en una secuencia de hechos que a esa altura se vuelve totalmente confusa hasta para los propios protagonistas. En ese marco, la presencia del jerarca policial puede tener importancia en el desarrollo posterior de los acontecimientos, particularmente en la forma en que los policías a su mando repelen utilizando munición letal.

La toma del sector 0

El objetivo era hacer retroceder a los reclusos al interior del sector 0, donde se inició todo el incidente. Pero al llegar a la puerta del módulo, los internos les hacen frente. Intentan colocar un colchón para impedir que cierren la puerta. Algunos de los reclusos están armados con punzones de un metro de largo y otros cortes carcelarios. Los policías no cuentan con chalecos anti cortes, incluso algunos de ellos ni siquiera llevan el uniforme. Los presos creían que los efectivos sólo contaban con balas de goma, ignoraban que a esa altura sólo contaban con munición letal, por lo que pretendían enfrentarse cuerpo a cuerpo. Los policías comenzaron a disparar al tiempo que lograron cerrar la puerta.

El segundo recluso muerto

Los cuatro policías, y presumiblemente el comisario supervisando la operación, comienzan a disparar sus armas -revólveres calibre 38 y pistolas calibre 9 milímetros- por debajo de la puerta. Sin embargo, al menos uno de los agentes lo hizo repetidamente a través de la mirilla de la puerta, o "sapo" tal como se le dice en la jerga carcelaria. En esa circunstancia el recluso José Francisco Garracini Pereira es alcanzado por un proyectil 9 milímetros en la cabeza. Pasa a ser el segundo muerto durante la refriega. Otros 11 reclusos resultan heridos, la mayoría de ellos en las piernas y presumiblemente debido a los disparos efectuados por debajo de la puerta por los uniformados.

La Policía retoma el control

El agente A.B.P.P., era uno de los policías que intentaban controlar el sector 0, y fue sobre quien el fiscal Luis Pacheco hizo recaer la responsabilidad de al menos una de las dos muertes de reclusos. De acuerdo con los testimonios reunidos durante la indagatoria, el agente fue quien más disparos efectuó a través de la mirilla. El policía hizo un total de 16 disparos con su pistola Glock 9 milímetros. Este fue, precisamente, el elemento que convenció al fiscal acerca de la responsabilidad penal del uniformado. Mientras estos hechos ocurrían en el sector 0, en el módulo 6 otro grupo de reclusos intentó reavivar la revuelta, pero poco después la situación resultó controlada.