Medirán la incidencia de la delincuencia juvenil

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EDUARDO DELGADO

Por primera vez, Uruguay tendrá cifras concretas sobre la incidencia de la minoridad infractora, tras un acuerdo entre el ministerio del Interior, el INAU y el Poder Judicial, que manejarán las mismas pautas para reunir cifras de la justicia juvenil.

El convenio que se firma hoy martes, establece una serie de pautas que serán utilizadas por las instituciones, elaboradas en base al Manual para cuantificar los indicadores de justicia juvenil elaborado por Unicef y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Uruguay será el primer país en América Latina en tener un sistema de indicadores único, que permitirá realizar un seguimiento del Sistema de Justicia Penal Adolescente con datos certeros y compartidos por las instituciones estatales involucradas. Hasta el presente, cada organismo utilizaba diferentes criterios para registrar los datos referidos a los adolescentes infractores, lo que impedía manejar cifras comunes.

La tabla acordada está compuesta por 32 indicadores que brindan información, tanto respecto a lo que ocurre con los adolescentes en conflicto con la ley, como sobre el marco legal que asegura su protección. Del total de los indicadores: 29 son de carácter cuantitativo, 3 son cualitativos. Se monitorearán aspectos legales, del sistema de justicia y de la ejecución de las sanciones dispuestas por la Justicia que interviene.

Cada institución suministrará la información acordada dentro de los 120 días inmediatos siguientes a la finalización de cada año. El primer año para el relevamiento será el 2010, pero las institucionales intentarán avanzar en lo posible en la obtención de los datos referentes al año 2009.

"Por primera vez va a haber datos ciertos, concretos, sobre la incidencia de los adolescentes infractores en el fenómeno de la delincuencia en general", destacó Susana Falca consultora de Unicef en el área legal e institucional.

Agregó que contar con estos datos es fundamental porque, además de cuantificar el fenómeno, servirán de insumo para políticas estatales y para reformas legales. Para Falca, la incidencia fundamental de este acuerdo es desde el punto de vista técnico, "ya que para cuantificar es necesario tener datos confiables y concretos". Para ello se deben "tener criterios comunes entre las instituciones que son las encargadas de recoger estos datos del sistema penal juvenil", subrayó.

los organismos. El Ministerio del Interior es el primer contacto de los adolescentes con el sistema penal y sus cifras difieren con las del Poder judicial.

"Es importante saber muy bien cuántos adolescentes entre 13 y 18 años son detenidos por la Policía por una supuesta infracción a la ley y en qué condiciones son detenidos. Eso nos lo va a decir el Ministerio del Interior, dijo Falca.

"Esto permite tener una visión del recorrido que hace el adolescente cuando ingresa al sistema penal", añadió.

El segundo operador es el Poder Judicial, que tiene una base de datos y la actualizará con los indicadores acordados.

Mediante este convenio, el Poder Judicial aportará información sobre cuántas resoluciones toma cada juez, por ejemplo, a partir de la información telefónica que le da la Policía, cuántos procesos se inician, y cuántos adolescentes quedan libres en ese primer contacto con el sistema penal juvenil.

"Así se van estableciendo cifras correctas, que se podrán cruzar con las cifras del INAU -el otro organismo estatal que interviene en esta temática- sobre cuántos adolescentes privados de libertad tienen, cuántos por medida cautelar, cuántos por sentencia, por qué tipo de delitos"

Interinstitucional. Nora Castro, presidenta del INAU, consideró positivo el acuerdo, el que dijo es "producto de una concepción de cómo tiene que obrarse con niños y adolescentes", en que son fundamentales las "coordinaciones interinstitucionales". Opinó que hubo avances en ese sentido durante este período de gobierno y que ahora es momento de pasar del plano de diseño de políticas transversales a la aplicación de las mismas.

Entre los datos a aportar por el Poder Judicial está el porcentaje de sentencias privativas de libertad y de semi-libertad sobre el total de sentencias dictadas, y las sentencias por tipo de infracción.

Se establecerá el número de adolescentes que incurrieron en salidas no autorizadas (fugas); porcentaje de adolescentes que realizaron actividades para avanzar en educación formal y porcentaje de adolescentes que avanzaron en Educación Formal.

Entre los datos que debe brindar el Ministerio del Interior está el número de adolescentes entre 13 y 17 años detenidos en un año por cada 100.000 adolescentes de entre 13 y 17 años y por infracción, según la edad.