Ejecutivo promulga la ley de reparación

El Poder Ejecutivo promulgó la ley de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, que otorgará a los beneficiarios una reparación económica de entre 500.000 Unidades Indexadas ($ 998.500 al valor actual de la UI, unos US$ 47.000) y 200.000 UI ($ 399.400, unos US$ 19.000). Las reparaciones suponen para el Estado un costo de US$ 17 millones.

La asociación de ex presos políticos Crysol tiene planificado realizar un plenario en 15 días, luego de las elecciones nacionales, para analizar la ley. Según Baldemar Tarocco, integrante de Crysol, desde la asociación consideran que si bien la ley es "un avance, es incompleta, porque no es de reparación integral", ya que no comprende a quienes sufrieron daños como el encarcelamiento durante el quebrantamiento del Estado de derecho.

Actualmente, dijo que Crysol está abocado a la campaña para la anulación de ley de caducidad.

La ley dispone reparaciones económicas a los familiares de 140 desaparecidos (34 en Uruguay y 106 en el extranjero), a los familiares de unos cien fallecidos a causa de hechos ocurridos en la dictadura, a las víctimas que siendo niños permanecieron desaparecidas por más de 30 días, a las víctimas que nacieron durante la privación de libertad de su madre y permanecieron detenidos junto a su padre o madre durante más de 180 días.

Por otra parte, el abogado especialista en derechos humanos Óscar López Goldaracena afirmó a El País el mes pasado que la ley recientemente promulgada deja el camino abierto a posibles juicios contra el Estado. La ley "contempla la reparación integral a las víctimas y la responsabilidad del Estado, por lo tanto, si alguna víctima no es indemnizada, podría reclamar ante el Estado invocando el derecho que la ley le reconoce", afirmó López Goldaracena.

El abogado advirtió que la ley no indemniza a los ex presos políticos, que son la mayor cantidad de afectados por la dictadura.

El proyecto partió del Poder Ejecutivo en 2008, y en agosto de ese año el Senado aprobó la ley con votos oficialistas. La bancada nacionalista se abstuvo, luego de que vio frustrado su intento de incluir en la reparación a 18 militares y 14 civiles que perecieron o fueron lesionados en enfrentamientos con grupos subversivos. La actual ley abarca a las víctimas del terrorismo de Estado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.