Tribunal de Cuentas cuestionó que S.A. maneje fondos estatales

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El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) cuestionó que una sociedad anónima (Corporación Ferroviaria del Uruguay -CFU-), administre US$ 60 millones provenientes de los fondos públicos destinados a reparar 722 kilómetros de vías férreas.

En tanto, el vicepresidente de AFE y director de la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU), Alejandro Orellano, afirmó que el ente actuó con "transparencia", "cristalinidad" y que se procurará levantar las observaciones del Tribunal de Cuentas al contrato de reparación de vías.

El 29 de junio del 2007, AFE firmó un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo para mejorar la estructura férrea del ente, el cual no recibió objeciones del TCR.

Poco después, la Corporación Nacional para el Desarrollo creó la CFU, una sociedad anónima cuyo cometido es administrar los recursos provenientes del Ministerio de Economía para reparar las vías férreas. El objetivo del plan es que los trenes circulen a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Hoy la velocidad máxima que circulan es de cinco kilómetros por hora y en algunos tramos menos de eso por el mal estado de las vías.

Si bien la Corporación para el Desarrollo tenía facultades para crear una sociedad anónima, el Tribunal de Cuentas de la República advirtió que ésta no puede transformarse en concedente de la obra y que AFE, la empresa contratante, pase a ser la concesionaria que se obliga a ejecutar las obras de reparación, a efectuar el mantenimiento futuro, a otorgar todas las garantías y a aportar todos los fondos.

La resolución del TCR señala: "Los fondos presupuestales (provenientes del Ministerio de Economía) son asignados para financiar el equipamiento y funcionamiento de una sociedad anónima de derecho privado". El organismo de contralor advierte que, al no tratarse de un contrato de concesión de obra pública, por cuanto la obligada a realizar la obra es la propia AFE, "se está utilizando un procedimiento indirecto para efectuar las contrataciones con cargo a fondos públicos, evadiendo las normas que regulan la contratación administrativa". También cuestiona que la S.A. sea propietaria de la maquinaria y equipamientos adquiridos con los fondos públicos y que estos pasarán a dominio de AFE dentro de 25 años , cuando finaliza el acuerdo con la Corporación.

CAMBIO. Por su parte el vicepresidente de AFE rechazó que en el convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo exista un mecanismo doloso para efectuar contrataciones como lo sostiene el TCR.

Reconoció que la Corporación Ferroviaria es una sociedad anónima privada aunque sus acciones pertenezcan al Estado uruguayo. Sin embargo, recordó que AFE envió todos los antecedentes al Tribunal de Cuentas para que analice el convenio. Agregó que la observación del TCR apunta a un procedimiento de contratación y "no a la legalidad" del convenio, ya que éste responde a un contrato firmado entre AFE y la Corporación para el Desarrollo.