Si bien el estudio Ferrere no cree que su cliente Tienda Inglesa demande al Estado por el fallido intento de clausura promovido por la Dirección General Impositiva (DGI), tampoco se descarta que eso ocurra.
El abogado de Tienda Inglesa en el caso, Alberto Varela dijo a El País que se está "viendo y considerando" la posibilidad de iniciar una demanda al Estado por daños y perjuicios, luego que una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulara el acto de DGI sobre la clausura a esa empresa.
"Pienso que no lo van a hacer pero no lo puedo asegurar", señaló Varela. El propietario de Tienda Inglesa, Robin Henderson "es una persona que tiende a mirar hacia adelante y no hacia atrás", comentó.
De todas maneras, Varela entiende que "perjuicios existieron" ya que el nombre de la empresa se vio afectado pese a que la jueza Loreley Opertti desestimó el pedido de clausura de la DGI y lo mismo hizo un Tribunal de Apelaciones.
Según el abogado en la gente quedó "la sensación de que cómo arreglaron" algo hubo.
Recordó que el ex director de Rentas cuando el procedimiento, Eduardo Zaidensztat dio a conocer que la empresa había pagado US$ 5 millones, "entonces quedó entre gallos y medias noches porque lo que él decía que era el cierre por no facturación no tenía nada que ver con los US$ 5 millones que se pagaron". Para el TCA "efectivamente" la DGI "privó" a la firma del derecho básico de tener un proceso legal.