El 50% de los menores infractores no va a juez

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PABLO MELÉNDREZ

La mitad de los menores detenidos por la Policía nunca llegan a comparecer ante un juez, ya sea porque se trata de una tentativa de delito que por ley no puede ser penada, o por faltas que no justifican una investigación.

Ese es el cálculo que planteó ayer el fiscal Gustavo Zubía en el marco de una mesa redonda organizada por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales, sobre los cinco años de vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA).

Según Zubía, como la ley prohíbe a los jueces y los fiscales perseguir los delitos en grado de tentativa cometidos por menores, eso hace que a los juzgados llegue un 30% menos de casos que realmente se constataron por la Policía.

A eso debe sumarse -según las estimaciones del representante del Ministerio Público- otro 20% de casos considerados menores, que son notificados a los jueces pero que, en función de la discrecionalidad que les brinda el CNA de decidir a qué situaciones dan trámite, los magistrados optan por no llevar a los menores involucrados a la sede y disponer su devolución a los padres.

El fiscal discrepó tanto con la decisión legislativa de no penar los delitos en grado de tentativa y la "selección" que llevan adelante los jueces, porque se trata de casos que "no les parecen importantes". "Son infracciones que de acuerdo al Código Penal y al razonar de la mayoría de los ciudadanos, deberían llegar al juzgado", sostuvo Zubía durante su exposición. Por ese motivo, en los juzgados solamente se analizan los casos "graves o gravísimos".

"El legislador quitó las tentativas y el magistrado, luego, en el lícito uso de sus potestades de traer o no al juzgado los casos que entienda pertinente, selecciona", explicó el representante del Ministerio Público, para quien "todo el sistema penal juvenil se encuentra en una crisis extrema", enfatizó.

EVALUACIÓN. En la mesa redonda organizada por la Asociación de Funcionarios Judiciales, también participó el juez Hugo Morales, quien al evaluar en la práctica el CNA, dijo que "no se ajusta" a la realidad uruguaya.

El magistrado expresó que en la población "no está asumido el principio de inocencia", y por eso no se entiende el contenido del CNA, que prevé la medida de internación de los jóvenes como el último recurso que deben aplicar los jueces y los fiscales de Menores Infractores.

A nivel operativo, Morales planteó que la normativa presenta dificultades en cuanto a los plazos procesales que prevé, porque las sentencias de primera instancia deben dictarse en un plazo máximo de 30 días, pero no establece un tope para las resoluciones de segunda instancia.

No obstante, Morales señaló que el balance de los cinco años de aplicación del CNA es "positivo", ya que estableció un sistema oral y garantista, porque los jueces, fiscales y defensores deben participar de todas las audiencias, debido a que en caso contrario se puede anular todo el proceso.

Zubía, por su parte, cuestionó que el CNA, desde el punto de vista jurídico, tiene "contradicciones insalvables".

Para el abogado Hoenir Sarthou, en la problemática de la seguridad pública existe un discurso "conservador represivo", por ejemplo de quienes promueven la baja en la edad de imputabilidad de los menores o el aumento de la cantidad de policías.

A juicio de Sarthou, que es aspirante a profesor adjunto de la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Udelar, eso lleva a que se esté "cuestionando el paradigma de los derechos humanos" que tomó mayor auge desde la salida de la última dictadura.

Según Sarthou, tanto la visión desde el discurso "conservador represivo" como la que se esgrime en defensa de los derechos humanos tienen en común que "no entienden" la problemática de los menores infractores, una por querer "aplicarle la ley penal de adultos a los adolescentes" y la otra por defender a ultranza los derechos. "Son dos discursos muy simplistas que se emiten de forma muy alegre, pero ninguno de los dos presenta un enfoque adecuado de la realidad", cuestionó.

El abogado sostuvo que como alternativa ante la delincuencia juvenil, se debería hacer valer la responsabilidad judicial de los padres de los menores infractores.

Al evento de ayer estaban invitados tres jerarcas del INAU: la directora del Programa de Medidas Socioeducativas Fernanda Albistur, la directora de la Colonia Berro Alicia Díaz, y la directora del Programa de Privación de Libertad de Montevideo María Luz Sánchez. El Directorio del organismo autorizó su participación, pero el jueves comunicó a los organizadores que era "inoportuna" su presencia porque el evento sería público, y por eso los jerarcas no asistieron.