Carlos Alberto Montaner
La política está llena de sorpresas. Roberto Micheletti, el presidente de Honduras designado por el parlamento de su país, deseaba que el ex presidente Manuel Zelaya estuviera encarcelado en Tegucigalpa mientras jueces y fiscales inciaban el proceso en su contra por violación de la Constitución, corrupción y malversación de caudales públicos. Curiosamente, Hugo Chávez, Lula da Silva y Daniel Ortega han hecho posible esa detención.
Es verdad que Zelaya no está en una cárcel hondureña sino en la embajada brasilera, pero eso es mucho más conveniente para Micheletti. Es difícil que un comando zelayista viole el recinto brasilero para intentar liberarlo, dado que allí se introdujo por su propia voluntad, y la responsabilidad por la integridad física de Zelaya ahora corre por cuenta de Brasil. Mientras tanto, el presidente Micheletti, ha escrito en el Washington Post que sigue adelante con las proyectadas elecciones del 29 de noviembre. Panamá ya declaró que si los próximos comicios hondureños son transparentes reconocerá al nuevo gobierno. Eso es lo sensato.
Las elecciones, además de ser un mecanismo de legitimación de la autoridad, es una ceremonia para enterrar el pasado. Las consultas plurales y libres de España, Portugal y Chile sirvieron para encaminar a esos países después de largas dictaduras. Hubiera sido una locura desconocer los nuevos gobiernos democráticos alegando que las elecciones se habían llevado a cabo por regímenes ilegítimos.
La OEA cayó en una trampa que le tendió Chávez al advertir que no reconocería al presidente electo en los próximos comicios. ¿Quiere Insulza precipitar al país a un conflicto violento para coronar a un vencedor empapado en sangre? Los candidatos a estas futuras elecciones habían sido libre y pacíficamente elegidos en primarias abiertas antes de la expulsión del poder de Zelaya. No fueron impuestos por nada ni nadie y representan todo el espectro político del país. ¿Qué otra mejor opción existe que propiciar un proceso electoral capaz de devolverle al país la normalidad política?
El Departamento de Estado tampoco ha actuado razonablemente. ¿A quién se le pudo ocurrir que es una buena estrategia tratar de desacreditar a priori la salida democrática para la crisis hondureña? ¿Cómo se iba a imponer el regreso de Zelaya contra la voluntad del resto de las instituciones del país? Tras el reconocimiento anunciado de Panamá, probablemente otros países hagan lo mismo. Para sus líderes es evidente que lo que le conviene a América es la existencia de naciones estables regidas por gobiernos electos democráticamente.
Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el nuevo gobierno es qué hacer con Zelaya. ¿Lo amnistía, le otorga un salvoconducto, o lo deja asilado en la embajada brasilera? El ex presidente cubano Manuel Urrutia -el primero designado por la revolución tras la caída de Batista- estuvo más de dos años recluido en embajadas en La Habana hasta que Castro le otorgó el salvoconducto. El peruano Haya de la Torre estuvo cinco en la embajada de Colombia en Lima. Es cuestión de firmeza.