Alegato legal de Uruguay en La Haya

Uruguay abordó ayer en la tercera jornada de alegatos ante el Tribunal de La Haya la cuestión jurídica y recordó que se realizó un acuerdo específico con Argentina sobre el tema de las pasteras sobre el río Uruguay e 2 de marzo de 2004, según recordó el abogado estadounidense Lawrence Martin que forma parte de la delegación uruguaya.

En este acuerdo, suscrito por los entonces cancilleres Didier Opertti, de Uruguay, y Rafael Bielsa de Argentina, se estableció que se realizaría un "control pormenorizado".

Martin refutó la afirmación argentina sobre ese acuerdo de que el proyecto se remitiría a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU), cuyo papel se limita al de realizar los controles del medioambiente.

El experto señaló que la jurisdicción que le corresponde a la CARU en base al Estatuto no es la que señala Argentina, ya que no se trata de un órgano autónomo y supranacional, sino es un facilitador de la cooperación entre ambos Estados a quienes corresponde, en último término, las decisiones. Recordó además que Argentina, desde 1976 ha instalado en sus zonas costeras 170 plantas sin haber comunicado nada a Uruguay. Sostuvo que plantas de plásticos y detergentes que tiene Argentina en su ribera son mucho más contaminantes que la planta de celulosa.

Abreu. Por su parte, el senador nacionalista y ex canciller Sergio Abreu dijo a El País que "la respuesta uruguaya ha sido contundente y afirma que los procedimientos se observaron y que por tanto, no existe un hecho ilícito que dé lugar a una reparación. Recordó que Argentina "desde el año 2006 se retiró del monitoreo conjunto y que los estudios unilaterales presentados tienen serias deficiencias técnicas y están sesgados".

Abreu descuenta un fallo favorable a Uruguay y estima que se debe insistir "en los obstáculos a la libre circulación y en la disposición del Uruguay a efectuar monitoreos confiables y creíbles", así como impulsar " un Protocolo Ambiental del Mercosur por el que se obliguen los cuatro países del bloque a requerir las mismas exigencias que el Uruguay ha impuesto a Botnia en materia ambiental".