DANIEL ISGLEAS
La bancada del FA ha impuesto su mayoría parlamentaria para impulsar varias leyes sociales y laborales. Negociación colectiva, defensa nacional, cambio de sexo, y un nuevo régimen de adopciones figuran entre las más relevantes del año.
Aunque cantidad no es calidad, al pasar raya y hacer un balance de la Legislatura, desde el 1º de marzo de 2005 el Poder Legislativo sancionó un total de 667 leyes de los más variados contenidos y alcances. A juzgar por las metas impuestas por el gobierno a sus legisladores, a pesar de tratarse de un año electoral no ha sido baja la producción.
Por la polémica desatada y lo extenso de las tratativas políticas, quizás la que llevó una sanción más trabajosa fue la ley de negociación colectiva. Instituye la negociación a través de los Consejos de Salarios, con un sistema modificado que permite la negociación colectiva por rama de actividad. Las cámaras empresariales rechazaron la mayoría del contenido del proyecto, al igual que los partidos de la oposición. De todas formas, la ley incluye una cláusula de paz que evita las medidas sindicales en torno a aquellos aspectos de la negociación que ya hayan sido acordados por las partes.
La ley de defensa nacional relativiza, en general, el poder de los mandos militares y lo reasigna a la órbita civil. La ley contiene algunas normas emparentadas ideológicamente con los postulados tradicionales de la izquierda. Por ejemplo, traslada las competencias de la justicia militar a la civil. Establece que los delitos comunes cometidos por militares en tiempos de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria. También deroga la obligatoriedad del servicio militar, ordena la publicación de un "Libro Blanco" sobre derechos humanos y estructura un sistema más burocrático para la defensa nacional, conformado por nuevos organismos.
La ley que permite a los transexuales cambiar su nombre en registros y documentos públicos si la identidad sexual está en conflicto con el sexo biológico, resultó aprobada semanas atrás por el Parlamento.
Según la ley, para concretar el cambio de sexo registral, no hay necesidad de operarse y la demanda deberá acompañarse de un informe técnico multidisciplinario en identidad de género.
Desde la semana pasada, Uruguay pasó a ser el primer país de América Latina en habilitar que parejas homosexuales adopten niños, al sancionarse una polémica ley que ha despertado la resistencia de la Iglesia Católica y de la oposición. Se trata de una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia donde, además, se otorga al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) el monopolio en todo lo que tiene que ver con las adopciones de menores, entre otras cosas la selección de las familias adoptivas.
EN EL DEBE. Entre lo comprometido y la realidad, quedan algunas iniciativas importantes. Una de ellas es la actualización del Código del Proceso Penal (CPP). El objetivo ahora es que los cambios sean considerados como una prioridad por la administración que asuma el 1º de marzo de 2010. La iniciativa apunta a la instauración de un proceso oral, público y acusatorio, en el que el fiscal sea el responsable de dirigir las investigaciones en coordinación con la Policía, para que solo dirija el proceso y se presente como una parte neutral entre las partes, pero sin intervenir en la etapa probatoria.
La principal innovación del proyecto es que prevé -salvo casos excepcionales-, que los procesados permanezcan en libertad hasta el momento de la condena, lo que permitirá reducir sensiblemente la cantidad de reclusos que están en prisión pero sin sentencia definitiva. Además, se propone la creación de jueces de instrucción que intervengan en la primera etapa del juicio y magistrados de vigilancia que serán los encargados del dictado de la sentencia.
Pendiente: Actualizar el Código del Proceso Penal es un desafío para el próximo período.