Francia desmantelará un campamento de inmigrantes

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PARÍS | AFP Y ANSA

El gobierno francés desmantelará la "jungla de Calais", un campamento en ese puerto del norte donde malviven cientos de inmigrantes ilegales, en su mayoría afganos e iraquíes que escapan de la violencia con la esperanza de llegar a Inglaterra.

El ministro francés de Inmigración, Luc Besson, defendió ayer la decisión del gobierno de desmantelar completamente "antes de fines de la semana próxima" el campamento conocido como "la jungla de Calais" porque se ha convertido "en una zona sin ley".

Besson dijo que la medida se había vuelto necesaria a causa de "un aumento muy fuerte de la delincuencia en la región, después de varios años de calma, debidos al cierre en el 2002 del centro de Sangatte", donde eran detenidos los inmigrantes.

"Se ha vuelto insoportable para los habitantes de Calais", explicó Besson en Varsovia, donde reclamó a sus socios de la Unión Europea (UE) reforzar los medios de la FRONTEX, la agencia europea que está encargada de coordinar la vigilancia de las fronteras externas para luchar contra la inmigración clandestina.

El titular de Inmigración francés anunció el cierre de ese campamento bautizado "la jungla" por las precarias condiciones en que viven sus habitantes y aseguró que el gobierno les propondrá "una solución individual" entre las que figura el "regreso voluntario".

Hace meses que el gobierno francés promete vaciar la "jungla de Calais". La primera vez fue en el abril pasado, cuando prometió que lo haría antes de fin de año. La de ayer fue sólo una confirmación a través de un comunicado del ministerio.

La alcaldesa de Calais, Natacha Bouchart, de la gobernante Unión para un Movimiento Popular (UMP, derecha), afirmó que en los "dos últimos años, las redes clandestinas reconstituyeron una nueva base para el tráfico de seres humanos en las inmediaciones del puerto de Calais".

"Es allí, donde varios cientos de inmigrantes esperan para embarcar clandestinamente en un camión rumbo a Inglaterra", agregó.

Fuentes del ministerio francés de Inmigración indicaron que el número de inmigrantes clandestinos en ese campamento bajó de 700 a 300 en los últimos tres meses y que 170 personas prefirieron pedir asilo.

William Spindler, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el puerto de Calais, advirtió que el gobierno de Francia tiene un deber para con los inmigrantes que vienen de países en conflicto.

"Entendemos a las autoridades francesas. Las condiciones en que viven esos inmigrantes en ese campo son inaceptables", dijo Spindler. "Pero si cerramos `la jungla`, es importante dar una oportunidad a los inmigrantes para que pidan asilo, en particular aquellos que vienen de Somalia, de Irak y de Afganistán", agregó.

La presencia de inmigrantes clandestinos en la zona de Calais es un rompedero de cabeza para Francia desde hace años. A fines de 2002, el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, decidió cerrar un centro de la Cruz Roja en Sangatte, un pueblo cercano a Calais que había recibido a miles de inmigrantes en condiciones de desamparo impresionantes. Esa decisión fue criticada por las autoridades británicas que estimaban que favorecería la inmigración clandestina hacia Gran Bretaña.

Desde el cierre de Sangatte, los inmigrantes se dispersaron por la región de Calais. Por esa razón, las asociaciones de ayuda a los refugiados recibieron con escepticismo la decisión de cerrar "la jungla".

"Es ridículo, como se ha hecho hasta ahora (...) desmantelarlo sin ninguna alternativa", declaró el abad Jean Pierre Boutoille, del colectivo de asociaciones humanitarias C-Sur.

"Sabemos que no están garantizadas las condiciones de higiene, de protección. Vendrá el frío y los niños, y las familias se van a encontrar en grandes dificultades", subrayó el ex ministro socialista, Jack Lang, que es diputado por la región norte de Calais.

Preocupación por el destino eventual de los inmigrantes de la "jungla de Calais" fue expresada también por el ex canciller Dominique de Villepin, quien dijo que "este tipo de situaciones dolorosas e inaceptables no puede ser resueltas sin una verdadera política de acompañamiento" a favor de los inmigrantes ilegales.

MADRID | AP

El Congreso español inició ayer el debate parlamentario de la reforma de la ley de extranjería, que algunas asociaciones de inmigrantes han calificado de perjudicial para la convivencia social. El texto, presentado por el gobierno el pasado junio, endurece algunos criterios para la reagrupación familiar y amplía el período de retención de extranjeros indocumentados, aunque también recoge la extensión de derechos laborales.

La reforma, la cuarta que afronta esta ley en nueve años, comenzó con este primer debate un largo trámite legislativo, en el que podrían incluirse nuevas modificaciones hasta su aprobación definitiva, prevista a finales de año.

Entre los puntos más polémicos, la nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los llamados centros de internamiento.

Además, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar en plena crisis de desempleo, se limita la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes denunció que la futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial y criminalizará a las personas de origen extranjero.