Negocian salida en conflicto de los estacioneros

El presidente de Ancap, Germán Riet, le aseguró ayer a los propietarios de la estación de servicio de Lezica que se buscará una solución para que la zona no pierda el único puesto de venta de combustibles y que abastece a unas 20.000 personas.

Por su parte, el ministro de Industria, Raúl Sendic, dijo ayer a El País que estuvo hablando con el presidente de Ancap para encontrar "una salida al conflicto". En este caso, "se haría un nuevo llamado a interesados para que esa estación pueda ser operada por otro sello comercial como Ancap o Petrobras", informó.

La semana pasada, la Unión de Vendedores de Nafta amenazó con un paro de 72 horas para octubre en las 484 estaciones que tiene el país si no se llegaba a una solución por el cierre de una estación en el barrio Lezica producto de un cambio de estrategia de la distribuidora Esso que decidió trasladar el punto de venta hacia otra zona.

Por ese motivo, los vecinos del barrio Lezica y Villa Colón se movilizaron y juntaron firmas para que Ancap tomara cartas en el asunto.

Con el cierre de este punto de venta se afecta a unos 20.000 habitantes ya que la estación más cercana está a unos 3 kilómetros.

Para Sendic "es válido" el reclamo que hacen los estacioneros porque buscan "obtener una mayor garantía de sus negocios", ya que "muchas veces están a expensas de lo que deciden las distribuidoras de combustibles".

Por ese motivo, anunció que su cartera trabajará para establecer una regulación pa-ra el mercado de combustibles en el futuro.

El pasado viernes, el presidente de Ancap, Germán Riet, explicó a El País que el decreto del año 2003 -que regula el mercado de combustibles y fue derogado por el Poder Ejecutivo en julio de este año- "no tenía sentido" porque nunca había sido reglamentado. La Unión de Vendedores de Nafta había reclamado a las autoridades la entrada en vigencia de esta normativa porque, según ellos, se generaba un vacío legal que "perjudicaba a los estacioneros" ya que las distribuidoras quedaban habilitadas para no renovar los contratos con empresarios que tenían más de 20 años en el negocio sin pagar ningún tipo de indemnización.

Sin embargo, Riet precisó que ese decreto no podía entrar en vigencia porque había sido elaborado cuando se votó la ley de Ancap -que luego fue anulada por referéndum- que la habilitaba a ser gestionada por una multinacional.