Políticas sobre drogas

Los gobiernos y las sociedades de diversos países enfrentan un nuevo desafío: ¿cómo prepararse para responder al surgimiento de sustancias psicoactivas cada vez más diversificadas y con efectos cada vez más potentes? Estos cambios tornan el debate de las políticas sobre drogas aún más complejo. No se trata apenas de contraponer una postura "liberal" a favor de la legalización a una posición "conservadora" de control. Es necesario evaluar el impacto social, de salud y seguridad pública relacionado con las drogas. Un ejemplo es el del crack y del paco, drogas derivadas de la cocaína que llegaron a la mayoría de los grandes centros urbanos en Sudamérica y cuya dimensión todavía no es plenamente conocida.

El creciente aumento de las restricciones al uso del tabaco y del alcohol es una tendencia internacional ampliamente aceptada, una postura que contradice la de las campañas pro-legalización de las drogas. Estas campañas acostumbran ignorar que mientras el tabaco y el alcohol son consumidos por entre un 25% y 50% de la población mundial, las drogas ilegales son utilizadas por menos del 5% de las personas, un problema comparativamente mucho menor que el de las drogas lícitas. Eso quiere decir que, en la perspectiva de salud, el control asociado a programas de prevención está funcionando en la práctica. La edición 2009 del Informe Mundial sobre Drogas, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), muestra que en los últimos años, globalmente, la producción y el consumo de drogas se han mantenido estables, aunque en países en desarrollo, inclusive en los países del Cono Sur, se observan pequeños índices de crecimiento.

Sin embargo, no se puede pensar apenas en términos de control. La recomendación de ONU a los Estados miembros es que se desarrollen cada vez más políticas de salud para usuarios de drogas, tratándolos como personas que necesitan de acceso al servicio y no de la punición criminal. Es importante comprender que, aunque se estimulen cambios en la legislación en el sentido de aplicarse penas alternativas a los usuarios, hay consenso sobre la posición de mantener las drogas como sustancias ilegales. Una eventual legalización implicaría un costo social y la exigencia de un aparato de protección de proporciones que la mayor parte de los países no tendría condiciones de ofrecer. La aparente contradicción entre legalización o no-legalización tiene la tendencia de quitar la discusión del foco que realmente interesa y que, en realidad, revela mucho más convergencias que divergencias: la búsqueda de un abordaje equilibrado entre las acciones de prevención, y las acciones de represión. Si las convergencias fueran más observadas que las divergencias, el debate en relación a las políticas sobre drogas podría convertirse en un proceso que efectivamente resulte en beneficios concretos para todos.

* Representante de la Oficina de ONU contra la Droga para el Cono Sur.