Sin conciliación en visiones sobre nueva legislación laboral

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El gobierno y la oposición contrapusieron ayer los resultados de sus gestiones en materia laboral y remarcaron sus visiones encontradas sobre la polémica ley de negociación colectiva.

El ex ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, defendió a ultranza la ley de negociación colectiva aprobada en el Parlamento la semana pasada.

Bonomi aclaró que "el gobierno no vota sobre las condiciones de trabajo", "no contraviene en absoluto los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", ni tampoco obliga a negociar sino a hacerlo de "buena fe", tres de los principales reparos de los empresarios a esta norma.

El senador del MPP participó ayer de un foro sobre temas laborales organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) y el estudio de abogados Ferrere. El evento contó con la participación de representantes de los partidos políticos y expertos en la temática laboral.

El ex ministro remarcó que la "OIT pide que el gobierno participe activamente en la fijación de salarios y lo hace, y que no participe pero promueva la negociación bipartita para otros temas". Bonomi aclaró que el Frente Amplio (FA) defiende la participación del Estado en la negociación del salario y no en la de "condiciones de trabajo o lo que esté más allá del salario". A su vez planteó que el actual sistema debe introducir la negociación bipartita para discutir lo que queda afuera del Consejo de Salarios.

Por su parte, Juan Manuel Rodríguez, jefe del programa de Relaciones Laborales de la Universidad Católica dijo que los empresarios cometieron un "error estratégico" al promover una "discusión ideológica" en torno a la norma cuando el gobierno, promotor del proyecto, cuenta con mayoría parlamentaria para su aprobación. Rodríguez, insistió en que la norma podía ser mejorada.

El experto expresó que entre sus objetivos, el FA buscó el equilibrio entre los actores de la relación laboral, lo que implicaba "fortalecer de forma expresa al movimiento sindical", que venía debilitado del período que va 1990 a 2004.

Desde la oposición, Ana Lía Piñeyrúa -ex ministra de Trabajo durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995)- dijo que no está en contra "del fortalecimiento de los sindicatos" y "que lo mejor que puede tener un empresario es un sindicato con quien negociar". Sin embargo, aclaró que no es bueno que el "sesgo a favor del sindicalismo se traduzca en instrumentos legales".

La ex ministra señaló que la ley debería generar una "autonomía colectiva" para que las partes decidan a qué nivel negocian y que el rol del Estado es el de promover la negociación y no incidir directamente sobre ella. Piñeyrúa marcó que la OIT "no promueve la participación activa del Estado sino que más bien es subsidiaria", contrariamente a lo dicho por Bonomi. Apuntó además que Uruguay ya fue observado por la OIT porque el gobierno "participaba en la resolución de temas que eran extra salariales".

Piñeyrúa señaló que en caso de ganar la elección, los blancos buscarán consensos para modificar esta ley y se mantendrán los Consejos de Salarios aunque con cambios.

Todos los participantes del foro marcaron la necesidad de modernizar las relaciones laborales, generando un cambio cultural entre trabajadores y empresarios.

El representante del Partido Colorado, Fernando Scrigna, dijo que la confianza se ve afectada no sólo por lo inadecuada que puedan ser determinadas normas -producto de la improvisación y el apresuramiento- sino también por "la falta de liderazgos modernos". Un cambio cultural en ese campo implicaría dejar de hablar de "lucha de clases" de parte de los trabajadores y de ver al sindicalismo como un factor de enfrentamiento, de parte de los empresarios.

Jaime Mezzera del Partido Independiente señaló que el primer paso lo deben dar los empresarios porque están en "mejores condiciones que los trabajadores".

El abogado laboralista Nelson Larrañaga del estudio Ferrere estimó que el cambio cultural tardará años pero resulta imprescindible iniciarlo. En esa línea apuntó que el gobierno debe ser un "articulador" entre obreros y patrones.

Los participantes resaltaron a la construcción como un ejemplo de la "cultura de la negociación" donde existe confianza entre los actores lo que ha redundado en varios convenios satisfactorios a las partes.