Batalla argentina por control de los medios

CLAUDIO FANTINI

Si un juez está vinculado a un caso por relación de afecto u odio con el imputado, debe apartarse de la causa. Sin la imprescindible imparcialidad, la posibilidad de hacer justicia se atenúa. Algo similar ocurre con el gobierno argentino y la Ley de Radiodifusión que impulsa. En este caso, el principio jurídico que obliga a un magistrado a apartarse de una causa es perfectamente trasladable a la política.

Dado el odio visceral que el matrimonio Kirchner profesa hacia el Grupo Clarín, poseedor del mayor holding mediático, el oficialismo debiera apartarse de la causa como haría un magistrado. Al no hacerlo, algo tan trascendente y necesario como el marco legal que resguarde el pluralismo en una sociedad democrática, queda contaminado por intencionalidades políticas y deseos de venganza aleccionadora. En definitiva, el odio kirchnerista a Clarín no es una deducción de analistas políticos, sino que es manifiesto y vociferado por el propio ex presidente.

Con semejante exhibición de instinto vengativo y de rencor explícito, el oficialismo queda moralmente invalidado para impulsar el necesario, pero no urgente, reemplazo de la Ley de Radiodifusión heredada de la última dictadura militar. La suma de razones arroja un resultado categórico: el kirchnerismo no tiene autoridad moral para hacer lo que está haciendo.

Uno de los factores de esa ecuación es la razón que esgrimió el gobierno argentino para adelantar a junio las elecciones legislativas de finales de octubre. Dijo Cristina Kirchner que, debido a la crisis global, los argentinos no podían prolongar debates políticos que dividen a la sociedad, ya que todo el esfuerzo debía concentrarse en la economía. Con ese argumento se impuso arbitrariamente un adelantamiento de fecha que, en realidad, procuró mejorar la chance oficialista. Pero a renglón seguido, y habiendo surgido de las urnas un mapa político que el actual Congreso con mayoría kirchnerista no refleja, la presidenta olvidó que "el mundo se cae a pedazos" (como ella misma dijo al justificar la nueva fecha comicial) y lanzó un proyecto de ley que sumió nuevamente al país en un debate histérico.

En América Latina, las izquierdas y los movimientos populistas confunden Estado con gobierno y hablan de intervención estatal cuando en realidad se trata de injerencia gubernamental. Para las constituciones vigentes, el Estado son tres poderes y no sólo el Poder Ejecutivo. El kirchnerismo exhibe esa confusión y la agrava en el campo mediático, al poner los medios de comunicación del Estado al servicio del oficialismo. La BBC, la TVE y la Deutsche Welle son ejemplos de medios públicos de comunicación, porque jamás han sido controlados por los gobiernos. El oficialismo exacerbado de la radio y la televisión estatal en Argentina evidencia la idea kirchnerista de prensa y periodismo.

Cuando gobernaba la provincia de Santa Cruz, el matrimonio presidencial ayudó con publicidad oficial a su propio chofer a construir un oligopolio mediático. Y desde que llegaron a la Casa Rosada, los Kirchner han utilizado la pauta publicitaria estatal para premiar el periodismo que los halaga y castigar el periodismo que los critica. Semejantes antecedentes le restan credibilidad al gobierno argentino a la hora de hablar de pluralismo en los medios. Aunque alcanza el odio visceral que el kirchnerismo ostenta hacia Clarín para demostrar que, como impone el principio jurídico por ética y ecuanimidad, debiera apartarse de esta causa.