Dilatarían aprobar nuevas normas de construcción

MALDONADO | MARCELO GALLARDO

Dos de las propuestas de la administración del intendente de Maldonado, Óscar de los Santos, el denominado "retorno por mayor valor" y la reforma de la ordenanza de la construcción, corren peligro de entrar en un laberinto jurídico y administrativo que dilate su aprobación hasta el año próximo.

A juicio del catedrático en Derecho Administrativo Daniel Hugo Martins la iniciativa conocida como "retorno por mayor valor" es inaplicable hasta tanto el gobierno departamental no apruebe primero los instrumentos de ordenamiento territorial, tal como lo exige el artículo 46º de la Ley 18.308.

La no aplicación de los denominados instrumentos de ordenamiento territorial también afecta a la propuesta del ejecutivo para modificar la ordenanza de la construcción.

Caso contrario pueden generarse demandas contra el municipio por parte de aquellos emprendimientos que se sientan afectados por la aplicación de la iniciativa, según explicó a El País el edil nacionalista Guillermo Moroy.

La referida iniciativa apunta a cobrar un retorno a los complejos que se beneficien por cambios en la normativa de la construcción.

Por ejemplo, actualmente el municipio permite construir edificios de hasta 17 pisos en determinadas zonas. La nueva norma, que actualmente está a estudio de la Junta Departamental, autorizaría a llevarlos a 23 pero implica que por los seis pisos que se agregan el inversor deba pagar un 20% del valor de retorno.

Moroy explicó que las dudas sobre la aplicación inmediata del "retorno por mayor valor" motivaron la comparecencia de Martins a una sesión de las comisiones integradas de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones y de Legislación de la Junta Departamental .

"La novedad de la reunión, aparte de coincidir con el informe del asesor jurídico, fue que también pusieron en duda la legalidad de votar la reforma de la Ordenanza sin que la ley 18.308 esté operativa a nivel departamental", advirtió Moroy. Recordó que durante la reunión de la Comisión el propio director de Planeamiento, Julio Riella, dijo que la puesta en vigencia de los instrumentos de ordenamiento territorial pueden llevar más de dos meses.

Debido a esta situación los ediles integrantes de la comisiones integradas decidieron trasladar los expedientes de la reforma de la ordenanza de la construcción y del retorno por mayor valor a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda (Mvotma).