Reformas que dividen

El actual gobierno quiere pasar a la historia como el gran reformador social. Aprovechando su mayoría parlamentaria, se ha lanzado con la furia y la delicadeza de un toro de lidia a cambiar las normas que regían hasta su llegada el sistema legal de familia uruguayo. Esta vocación reformista no tiene por qué tener nada de malo de por sí, pero en este caso presenta aspectos polémicos y hasta peligrosos.

El lado polémico es que ha buscado aprovechar esa circunstancial mayoría que le han dado las urnas, para impulsar una agenda de reformas que está muy lejos de las inquietudes y necesidades de la población, y que obedece por sobre todas las cosas a las ínfulas de ingeniería social y a un "esnobismo" reformista de algunos dirigentes. El lado peligroso es que, embriagados por la perspectiva de pasar al mármol de la historia, no han reparado en cuestiones técnicas, legales o de procedimiento con lo que se ha abonado la tierra para situaciones de inseguridad jurídica que van a generar a futuro problemas mayúsculos a la sociedad.

El aborto, la "legalización" de los concubinatos, el régimen de adopciones, y ahora la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar niños, han sido algunos de los asuntos más álgidos que se han buscado modificar. Temas que han desatado fuerte polémica a nivel popular, que han dividido a la gente y hasta el propio partido de gobierno, al punto que el Presidente terminó vetando una ley aprobada por su propia gente en el parlamento. Ahora bien, ¿se justifica sepultar a un país con tantas urgencias en discusiones como éstas? ¿Son temas que realmente generen inquietud social hoy? Hay ejemplos que llevan a pensar que no es así.

La ley que "habilitó" las llamadas uniones concubinarias es un paradigma de esta fiebre reformista. Se sabe que cada día más parejas en Uruguay apelan a esta forma de convivencia, sobre todo con la intención de abstraerse de las complejas consecuencias legales del matrimonio. Esto no significa que la ley uruguaya desconociera los derechos y obligaciones de los concubinos. Por el contrario, y si bien nuestra reglamentación dejaba un sabio margen para que los individuos optaran entre distintas posibilidades, los efectos familiares y patrimoniales estaban suficientemente previstos por la norma, como demuestra el hecho de que tantas parejas hayan preferido esa opción.

Pero la libertad de opción no es una prioridad para la casta reformista en el Parlamento, como tampoco la técnica legal ni la seguridad jurídica. Así, los parlamentarios frenteamplistas impusieron una ley aberrante que habilita a que en una misma persona puedan coexistir dos sociedades de bienes distintas, que tramita aspectos patrimoniales trascendentes a través de un proceso voluntario que nunca pasa en autoridad de cosa juzgada, y otra serie de disparates que harían poner rojo de vergüenza a un estudiante de primer año de abogacía. Pues bien, desde que esa ley fue extraída a fórceps en el Parlamento por la mayoría automática oficialista, en un año de vigencia menos de 20 personas acudieron a hacer reconocer su unión concubinaria ante un juez. Meses de debate, onerosas polémicas parlamentarias y en los medios, por un tema que sólo conmovió a 20 personas. ¿Se justifica?

Ahora se enfrasca a la sociedad en un debate sobre las adopciones gais, cuando hay miles de parejas heterosexuales que hacen cola para adoptar niños, en un sistema que es un calvario para padres y chicos por igual. ¿Es razonable que esto pase? ¿Qué lugar ocupa este tema en la lista de prioridades de los uruguayos?

Sobre todo porque vivimos en un país con problemas dramáticos. La crisis de la educación, el aumento de la desigualdad social, la delincuencia, la inserción internacional, son todos temas que amenazan la supervivencia de nuestra sociedad como la conocemos. Y en vez de abocarnos a ello, estos dirigentes nos sepultan en discusiones que no han podido ser resueltas en países mucho más desahogados, que nos dividen y nos impiden enfrentar los desafíos urgentes. Todo para que algún diputado (o senadora) pueda darse dique ante algún grupo de presión, o en foros internacionales, como la gran modernizadora de la sociedad uruguaya. No tenemos tiempo para actualizar un Código de Proceso Penal que tiene a miles de presos sin condena, nos provoca insultantes críticas del exterior, cuando no tragedias como la última del Comcar, pero sí para pasarnos meses discutiendo sobre algo que afecta a 20 personas.

Hay algo en todo esto que no cierra.