Empresarios disconformes con nueva cláusula de paz

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En la antesala a la votación en el Senado del proyecto de negociación colectiva, los empresarios volvieron a cargar contra la iniciativa ante una docena de legisladores. La inclusión de la cláusula de paz sigue sin conformar a las patronales.

La convocatoria empresarial a todos los senadores concitó el interés de la oposición pero no del oficialismo. De los 12 legisladores presentes (los colorados Isaac Alfie y Juan Justo Amaro, y los nacionalistas Ruperto Long, Carlos Moreira, Francisco Gallinal, Sergio Abreu, Enrique Antía, Gustavo Lapaz, Heber Da Rosa, Luis Alberto Heber y Gustavo Penadés), sólo uno representaba al Frente Amplio: Rafael Michelini.

Esta vez, las cámaras lograron una mayor respuesta que la que habían recibido en junio cuando sólo nueve diputados concurrieron a una convocatoria similar.

El encuentro buscó incidir en lo que se juega hoy en la sesión del plenario del Senado, donde se aprobará el proyecto de ley. De ser así, regresará a Diputados para que los legisladores definan si convalidan el agregado de la cláusula de paz.

En ese escenario, los empresarios volvieron a expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El asesor empresarial, Pablo Durán, señaló que se trata de la ley "más importante" en materia laboral que va a aprobar este gobierno. Sin embargo, apuntó que carece de equilibrio por no regular "todos los fenómenos que integran el sistema de negociación colectiva", entre ellos la huelga.

Más allá de algunas mejoras "insuficientes" al texto, el documento habilita un mayor intervencionismo del Estado en la negociación colectiva, minimizando el valor de la negociación por empresa, dijo Durán. También cuestionaron la "ultractividad" de los convenios, que los mantiene más allá de su plazo de vigencia hasta que se negocia un nuevo acuerdo, y la designación del sindicato de rama como único sujeto habilitado para negociar en representación de los trabajadores. Durán calificó eso como algo "sumamente grave" ya que "se priva al trabajador no sindicalizado del derecho de negociar" sus condiciones de trabajo.

Además, los empleadores pusieron el acento en las omisiones del documento, como el no determinar sanciones para la violación de la confidencialidad de la información que la empresa da a los sindicatos.

Pero buena parte de la oratoria, se centró en la inclusión de la cláusula de paz, tras el acuerdo entre el FA y el Partido Nacional de la semana pasada.

El presidente de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, remarcó que la cláusula debería abarcar los puntos acordados en el convenio pero también los que quedaron por el camino. "Una cláusula de paz que sólo abarque lo acordado y deje de lado lo no acordado no tiene sentido", dijo Otegui.

La redacción actual del ar- tículo, sugerida por el Partido Nacional, establece que la misma se aplicará a "los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito".

Para el sector empresarial la cobertura que ofrece la cláusula es insuficiente, sobre todo cuando sería la justicia laboral la que defina la rescisión del convenio en caso de que se incumpla con la norma. Argumentan que estos juicios tardan al menos un par de años.

Luego, el senador nacionalista Francisco Gallinal, intervino haciendo una fuerte defensa de la cláusula de paz.

Gallinal se mostró sorprendido por "la interpretación magra y restrictiva" que los empleadores hacen del artículo. "La cláusula de paz protege los convenios colectivos en todos los temas que formaron parte de la negociación y que fueron acordados", aclaró. Agregó que la ultractividad de los convenios abarca "lo convenido positiva y negativamente, lo que se otorga y lo que no se otorga, pero fue convenido". Los dirigentes empresariales discrepan con la interpretación de la cláusula de paz.

El presidente de la Cámara de la Construcción, José Ignacio Otegui, rechazó las críticas del Pit-Cnt que acusan a las gremiales de politizar el debate por la negociación colectiva. "Actuamos en el momento que nos parece oportuno y necesario; sobre un ritmo que otros definen", dijo. Otegui remarcó que no son los empresarios quienes "paralizan al país con diferentes reclamos", ni intentan "acorralar a ningún gobierno para que cedan a sus posturas".

Proyecto de ley

Cláusula de paz: se aplicará "a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados" en el convenio.

Efecto: los convenios seguirán vigentes "hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes acordaran lo contrario".

El artículo 7° crea el Consejo Superior Tripartito "como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales".

Cuando no haya sindicato de los trabajadores en una empresa, el sindicato de rama los representará y los alcanzará el convenio.

"Intercambio de informaciones necesarias" en la negociación entre empresa y sindicato; no se incluye reglamentación de la huelga.

Posición de los empresarios

Comparten la inclusión de la cláusula, pero exigen que abarque los puntos discutidos pero no acordados en el convenio colectivo.

Critican la extensión de los efectos. Argumentan que debe considerarse el cambio de escenario propio de cada negociación.

Dicen que la "gobernanza" supone un intervencionismo del Estado, restringiendo el valor de la negociación a nivel de la empresa.

Sostienen que la norma priva a los trabajadores no sindicalizados de la posibilidad de celebrar convenios colectivos propios.

Los empresarios señalan que en ambos casos no se fijan responsabilidades, calificándolas de "omisiones".

Posición del PIT-CNT

En contra. Estima que sólo debe integrar los convenios pero no la ley. Quieren que se apruebe la ley sin la cláusula de paz.

De acuerdo con lo que determina el proyecto. Aspectos como el salarial deben negociarse sobre la base del último acuerdo.

Considera que la participación del Estado es muy importante para actuar como "garante" para las dos partes de la negociación.

Comparte la definición del proyecto. Entiende que no hay mejor representación para esos trabajadores que el gremio de la rama.

Alegan que no han incumplido anteriormente la confidencialidad de la información otorgada; rechazan reglamentar la huelga.