Prisioneros del pasado

Julio María Sanguinetti

La transición institucional que vivió el país entre 1985 y 1989 se basó en cuatro leyes pacificadoras: l) la amnistía de marzo de 1985 a los presos por delitos de conexión política, que sacó de la cárcel aún a quienes habían cometido delitos de sangre; 2) la ley de reposición de destituidos, que amparó a 10.500 funcionarios, a quienes se les restituyó y recompuso la carrera administrativa como si hubieran estado trabajando todos los años de la dictadura; 3) la que creó la Comisión Nacional de Repatriación, que ayudó a 16.000 uruguayos a retornar al país y 4) la ley de caducidad, que amnistió los delitos cometidos por policías y militares en el curso de sus acciones.

Ella alcanzó la máxima legitimidad que puede tener una ley, porque fue aprobada por un Parlamento libre, declarada constitucional por la Justicia y ratificada popularmente en un claro y rotundo plebiscito afirmativo en abril de 1989. O sea que la sociedad uruguaya, con generosidad y amplitud, buscó el camino de la paz por la vía del perdón.

Muchos dijeron que era un disparate amnistiar a los tupamaros que habían asesinado, pero ¿cómo moderábamos las protestas de todos quienes estaban presos, hasta que cumplieran totalmente sus condenas? Más tarde empezaron las denuncias a los militares y policías, y otros pensaron que era lógico juzgarlos por sus excesos. La cuestión era que, amnistiados los guerrilleros, ¿era moral, era justo, no amnistiar a los funcionarios del Estado que cometieron delitos en el curso de una guerra que ellos no declararon? Juzgar a unos y perdonar a otros era y sigue siendo una inmoralidad cívica. Además de un error político, porque se ha terminado endiosando a quienes asaltaron las instituciones democráticas para instaurar un régimen a la cubana y manteniendo un acoso sobre toda una institución militar, que si tuvo quienes se excedieron en aquellos años, y hasta dieron un repudiable golpe de Estado, no tiene por qué seguir pagando eternamente.

En aquellos años se adujo que se crearía una sensación de impunidad militar, que condicionaría a la democracia. Veinte años después está claro que no fue así y que la ley tuvo un resultado pacificador, tan pacificador como la amnistía a los guerrilleros. Ni éstos volvieron a la violencia ni los militares se desacataron al poder civil, como en cambio pasó en la Argentina.

La ley por otra parte, aceptaba la posibilidad de que, aun sin juzgar, se procurara la verdad de los hechos y se tratara de encontrar los restos de las personas desaparecidas. Así se hizo y de un modo u otro todos los gobiernos democráticos lo procuraron. El del Frente Amplio fue el que intentó más y bien sabemos lo poco que logró. Fuera de procesar al Presidente y al Canciller de la época y a algunos militares, sólo encontró los restos de dos personas; en cuanto al conocimiento de los penosos episodios de la dictadura, poco o nada aclaró. ¿Alguien cree que ahora, anulando la ley, por arte de magia se va a encontrar algo nuevo?

Y allí viene lo peor. Sin reales posibilidades de progresar en la búsqueda de verdades que el tiempo ha sepultado, se lanza al país a la barbaridad, por vez primera en su historia jurídica, de "anular" una ley. No de derogarla, que es dejarla sin efecto hacia el futuro; sino de "anularla", que es hacer como si nunca hubiera existido, lo que no está previsto en nuestro sistema constitucional.

Como lo demostró Maggi, hace dos domingos, es una aberración jurídica. Intenta anular hechos ya consumados y agotados en su efecto, como la desaparición de un delito. Instaura la inseguridad jurídica. Viola el más sagrado de los principios del derecho: la irretroactividad de la ley penal, que ampara a cualquier persona para que no se le aplique hoy una ley penal que regía ayer. Realmente es un atentado jurídico ejecutado adentro mismo de la Constitución e invocándola, cuando se violan todos sus principios rectores. ¿Alguien se imagina lo que ocurriría, por ejemplo, de anularse la ley de divorcio y declarar inexistentes todas las separaciones y divorcios consecuentes?

En lo práctico, como decimos, no va significar otra cosa que una formidable confusión. Los juicios caerán, los presos serán liberados, las viejas denuncias se comenzarán a tramitar de nuevo y el próximo gobierno vivirá cinco años de confusión, resentimientos y grandes frustraciones. Se instaura el principio de la discriminación: hay amnistía para unos y juicio para otros, perdón para unos y persecución para otros. Todo en nombre de la pasión de un grupo de gente que actúa a veces con el explicable sentimiento de quien sufrió de cerca los excesos, las más de ellas en nombre de la revancha o -lo que es peor- el posibilismo político.

Ahora es muy sencillo hacerse el justiciero desde una paz que aseguramos quienes luchamos por construirla luego de la dictadura. Por eso lamento que el Partido Nacional abandone su actitud de defensa de la ley, cuando ella fue propuesta por él mismo, bajo la conducción de Wilson Ferreira, quien tanto había sufrido la persecución de la dictadura pero tuvo la grandeza de contribuir a la pacificación nacional. Ese fue un notable legado de paz que le reconocemos con emoción y que no debería tan fácilmente olvidarse.

Realmente no comprendemos cómo participan de este desastre jurídico, político y moral, candidatos que aspiran a gobernar el país en los próximos cinco años, a los que ya están gravando con esta hipoteca del pasado.

El mundo es difícil. Nos cuesta triunfar en la acechante globalización. El país necesita más que nunca dar un salto educativo, disminuir su pobreza, incorporar tecnología e innovación. Ello sólo podrá hacerse con un país en calma y un sistema político que procure coincidencias y no reabra las distancias que en el pasado le golpearon. Lejos de mirar hacia el futuro, se nos propone seguir prisioneros de un pasado que nadie querría repetir.