Al gobierno no le ha caído nada bien el reciente informe sobre la informalidad, realizado por la Universidad Católica a pedido de Uruguay al Futuro, - centro de análisis y propuestas- de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios ( CNCS). Ello se comprende, dado que el estudio revela que el trabajo informal en los últimos años, bajo la administración del Frente Amplio, no disminuyó sino que por el contrario creció, llegando a casi el 37% del PBI en el 2007, el más elevado en 25 años.
Son revelaciones difíciles de aceptar, como lo fueron las que indicaban que el drenaje de emigrantes uruguayos no se había frenado bajo su mandato, sino que continuaba a todo vapor. Queda entonces en evidencia, que la llegada del Frente Amplio al poder, no se ha materializado en grandes beneficios para la sociedad uruguaya, a pesar de lo convencidos que estaban y de haberle hecho creer a mucha gente, que eran los únicos capaces de hacer un gobierno superior e intachable (de eso mejor no hablar). Por lo tanto, ya se aprestan para el martes salir a cuestionar este informe, tal vez porque incluye a las categorías informales e ilegales, como el contrabando, el lavado de dinero, el narcotráfico o por el período abarcado.
Sea como sea, el fenómeno del informalismo no es algo nuevo ni exclusivo de nuestro país, aunque volviendo al reciente estudio, el promedio en América Latina, es de un 29,7%, lo que nos coloca al frente de un rating nada envidiable.
La existencia del sector informal se remonta seguramente, a los inicios del sistema de producción capitalista, aunque el inicio de su estudio haya sido muy posterior. En la década de los ochenta, tuvo gran repercusión el libro del economista peruano, Hernando De Soto, El Otro Sendero (1986), el cual en base a las investigaciones llevadas a cabo, mostró detalladamente el gran tamaño del sector informal en su país, si bien sus observaciones tenían valor universal .
El autor define como informal, al sector que funciona al margen de la ley, es decir, aquel que con fines lícitos,- para distinguirlo de los criminales-, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines. La mejor forma de combatir esa situación, es cambiar la estructura legal y normativa, liberando la marcha de la economía. Por que se trata de un círculo vicioso perverso. Cuanto más pretende recaudar el fisco, para cumplir con la enorme demanda de un estado, productor ineficiente de rubros (refinería, cemento, bebidas, compañías aéreas, casinos, etc.) ajenos a sus cometidos esenciales, dispendioso, poco eficaz y compuesto por una excesiva burocracia onerosa, no sólo en requerimientos salariales, sino en costos operativos que pesan sobre los hombros del contribuyente, más potente es la fuerza que impulsa hacia la informalidad .
Cuyos integrantes a su vez, penetran en otro círculo vicioso que les imposibilita acceder al conjunto de beneficios que ofrece una sociedad evolucionada. Con trabajos precarios, inexistencia del respaldo social del sistema previsional y sin mayores chances de saltar esa valla. Mientras al mismo tiempo, se desarrollan y viven en forma parasitaria, sobre aquellos que sí cumplen con la carga que significa el pago de impuestos, de tasas municipales, de aportes al BPS, todo lo cual ronda alrededor del 30%, para los uruguayos. De acuerdo al trabajo mencionado, los regímenes tributarios especiales diseñados para empresas de pequeño porte, más las cargas sociales, son demasiado caros para su dimensión , por lo que el proyecto deja de ser económicamente viable. Y ni qué hablar, de lo costoso y complicado que es abrir una empresa en este país.
Un análisis sobre 130 naciones, presentado hace un tiempo por la Corporación Financiera Internacional, (IFC) patrocinada por el Banco Mundial, hizo un muestreo comparativo de los costos y el tiempo que en cada nación, demandan estos trámites. Por ejemplo, mientras en Canadá la apertura llevaba tres días y había que pagar US$ 127, en Uruguay la erogación era de US$ 2.042 y tomaba por lo menos 27 días, siendo más elevada que en Chile, Argentina y Brasil. La simple lectura de estos papeles, demuestra claramente que los países que no logran salir de la pobreza son justamente los más regulados. Así es que si en Australia es posible abrir un negocio legalmente en 2 días, en Haití, esa pretensión para concretarse, exige 203.
Las palabras huelgan.