ALEJANDRO NOGUEIRA

La tragedia del adolescente asesinado en una parada de ómnibus tras un baile en la discoteca Keops derivó, entre otros efectos, en la clausura del local bailable que tenía, como pocos, todo en regla. El administrador público, en este caso la Intendencia de Canelones, la cerró contra la opinión de los vecinos, pese a sus permisos al día, a contar con 14 empleados de seguridad y cuatro policías en servicio 222. El asunto invocado es la conmoción social y el temor a nuevos incidentes, que serían inmanejables para las autoridades.

Este reflejo autoritario y paternalista de una administración que arremete contra el derecho de los propietarios de Keops a realizar su negocio y el de los jóvenes a salir a divertirse, es otra manifestación de una concepción del gobierno: lo que no se puede controlar ni prevenir, es mejor prohibirlo, así no se nota la inoperancia en la gestión y se satisface la fruición de tutelar desde la burocracia estatal la peligrosa libertad de las personas o de las empresas.

Otro ejemplo reciente, que quedó relegado estos días por el fragor de la información político-electoral y la cuestión del traslado de los restos de Artigas fue el caso de los slots "irregulares", según la Dirección Nacional de Casinos.

La repartición, que promueve la masificación de casinos mixtos -no solo en lugares turísticos, sino en capitales departamentales y zonas a las que solo llega un visitante extranjero por casualidad-, quiere terminar con el negocio de un grupo de empresas que importan y alquilan slots a decenas de pymes para instalar como negocio anejo y redondear caja. Casinos dice que hay un "vacío legal" que permite a unas empresas alquilar slots y a otros (panaderías, verdulerías, kioscos, clubes, bares, etc.), ofrecerlo a sus clientes para mejorar su ingreso sin control gubernamental. También se arguye la imposibilidad de controlar esto y, especialmente, el acceso a menores a las maquinitas.

El "vacío legal" que se invoca es, en realidad, dejar de lado la vieja noción de derecho aprendida en el liceo: en la legislación uruguaya "todo lo que no está prohibido, esta permitido". Pero por ley se busca ahora cambiar las reglas de juego a este grupo de empresas. Y los que juegan a estos juegos, si no son menores, podrán ir a dejar sus esmirriados ingresos en los casinos mixtos que promueve el gobierno o con los juegos de azar formales. Pero ya no podrán matar el tiempo jugando al slot en el boliche de la esquina. Por suerte, la Dirección de Casinos financia una clínica para ludópatas.

Otro buen ejemplo del paternalismo estatal interesado es el alcohol. Nadie discute que puede ser nocivo, pero el Estado lo produce y vende; lo deja producir, importar y vender; y cobra suculentos impuestos por esta industria. Pero lo quiere prohibir por ley en muchos lugares, especialmente en los expendios de las estaciones de servicio o kioscos y otros pequeños comercios. Se alega que es porque lo compran menores y es algo que el Estado tampoco puede controlar. De esta manera, los menores y mayores solo podrán comprar alcohol en los grandes supermercados o en los restaurantes finos. No sería raro que Ancap anuncie que financiará una clínica de desintoxicación.