DGI: cierre de causa penal "no afecta" juicio a Casal

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El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Nelson Hernández, dijo que el archivo de la denuncia penal presentada por el organismo contra el empresario Francisco Casal por "defraudación tributaria", no afecta el trámite del expediente administrativo que determinará si el contratista debe o no pagar impuestos por su actividad.

Hernández dijo ayer a El País que la resolución del juez Carlos García, quien el viernes pasado clausuró el expediente contra Casal y otros empresarios de su grupo económico, "no implica una decisión que afecta la calificación de defraudación tributaria desde el punto de vista administrativo".

La denuncia contra Casal había sido presentada por la DGI en octubre de 2008, y motivó que el empresario compareciera en el Juzgado penal de la calle Misiones y 25 de Mayo en calidad de indagado a mediados de noviembre.

Sin embargo, luego de analizar todos los testimonios y la prueba agregada al expediente, la fiscal Dora Domenech pidió el mes pasado el archivo del caso, por lo que el juez García no tuvo otra opción que hacer lugar al dictamen de la Fiscalía.

Por otro lado, Hernández cuestionó que las consultas presentadas por la defensa de Casal (entre otras las de Gonzalo Fernández, Miguel Langón y Alberto Varela), que fueron tomadas en cuenta para archivar el caso y que señalaban que el empresario no cometió delito, "no toman en cuenta los hechos" sino que "se refieren a situaciones teóricas".

"Si a mí me hubieran preguntado lo que a los asesores, hubiera contestado lo mismo, porque es referido a una situación teórica referida a una empresa extranjera que actúa en el país sin sucursal, agencia o establecimiento, pero esa no es la situación, porque hay una clara actividad realizada en el país", expresó Hernández.

Los abogados de Casal prevén presentar los argumentos utilizados por la Justicia Penal para archivar el caso ante el Juzgado Civil que mantiene un embargo de US$ 20 millones sobre el empresario.

El presidente Tabaré Vázquez pretende que sea la Justicia la que resuelva el litigio entre la DGI y Casal y se mantiene al margen del tema, dijeron a El País fuentes de Presidencia. Lo que sí negocia el gobierno con el Grupo Casal es que los partidos del fútbol uruguayo que transmite la empresa Tenfield sean parte de la grilla de programación que ofrezca el Plan Cardales.