Chávez apunta a expropiar nuevos bienes y empresas

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CARACAS | EL PAÍS DE MADRID

El programa de televisión del presidente venezolano Hugo Chávez tiene cada vez más publicidades. Esto desde que decidió tomar el control de los medios de producción, con estatizaciones y la creación de "empresas de producción social".

"Tome refresco de Uvita para ser padre a los 100 años". "El que no tenga un Vergatario -teléfono móvil fabricado por la telefónica estatal, nacionalizada hace dos años- es un cero a la izquierda".

Las alarmas se encendieron en Venezuela con el último paso que dio el gobierno: la Ley de Propiedad Social, que abre la puerta a nuevas confiscaciones de empresas y bienes y que, según empresarios y organizaciones no gubernamentales, permitirá al Ejecutivo arrasar con la propiedad privada.

En el último año, Chávez convirtió a más de 12.000 firmas contratistas de la estatal Petróleos de Venezuela en "empresas de producción social", gracias a la entrada en vigor de una nueva Ley de Contrataciones Públicas y a la aprobación, en mayo, de una ley que reserva al Estado todos los negocios vinculados a la explotación de hidrocarburos. Por decreto o mediante expropiaciones, el presidente también ordenó la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, de plantas procesadoras de alimentos y de tierras para la siembra y la ganadería. Su última gran compra fue la del Banco Santander, que otorga al Estado el dominio del 25% de las captaciones de la banca nacional.

Si bien la Constitución establece la posibilidad de que el Estado declare la utilidad pública y expropie una propiedad, la revolución desea ir más lejos. El proyecto de Ley de Propiedad Social, en el que trabaja desde abril la mayoría oficialista en el Parlamento, faculta a "declarar la utilidad pública y el interés social de bienes, materiales e infraestructuras que se determinen susceptibles de ser declarados de propiedad social, para asegurar, mediante la producción socialista, la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la población". El borrador establece que el Ejecutivo "podrá decretar la expropiación forzosa, mediante justa indemnización", de los bienes "cuya actividad productiva no se corresponda con los intereses nacionales". Encuestas recientes reflejan que más del 70% de los venezolanos apoya la existencia de la propiedad privada y rechaza las confiscaciones.

Ante la presión, la Comisión de Participación Ciudadana del Parlamento, que está a cargo de la redacción de la ley, elaboró 42 proyectos, según el diputado chavista Ulises Daal, coordinador del equipo técnico. Pero en todos hay un espíritu que se mantiene: "En la medida que empresas no cumplan su objetivo de participar en el proceso económico, claro que el Estado estará en la obligación de tomar los correctivos para encauzarlas", señaló Daal a un matutino local.

Los redactores del proyecto hicieron una lectura literal de la idea de crear "ejércitos industriales", planteada por Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Además de "asumir el compromiso del trabajo productivo por la patria" y de "formarse técnicamente para el manejo de las empresas socialistas", el proyecto de ley establece que será deber de los trabajadores "formarse militarmente para la defensa de la soberanía".

Pero esa clase obrera "revolucionaria" no creció al mismo ritmo que el capital de este Estado petrolero. A pesar de los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la revolución no logró, en 10 años, hacerse con una base sindical sólida, y las reivindicaciones laborales, desde el magisterio hasta los petroleros, están a la orden del día.

Para cerrar el círculo, el gobierno se planteó sustituir a los sindicatos por "comités socialistas de trabajadores" con los que el Estado-patrón sí estaría en disposición de negociar contratos y salarios. Una figura a la que se refirió el ministro de Energía, Rafael Ramírez: "No puede haber ninguna empresa bajo control estatal que no tenga comité socialista. Quien no tenga es sospechoso de estar conspirando contra esta revolución".

Caracas | La OEA debe intervenir en Venezuela para detener el odio y los atropellos a las libertades, o de lo contrario hará el papel de "médico forense" para comprobar la muerte de la institucionalidad democrática, declaró ayer el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

"Hemos dicho en un tono respetuoso pero categórico al secretario general que la OEA tiene que llegar con un carácter preventivo", dijo Ledezma al concluir una entrevista con José Miguel Insulza en la sede de la organización. En el encuentro también participaron otros gobernadores opositores.

Ledezma dijo que Insulza debería "hacer una excepción`` a las normas de la OEA para plantear como tema de debate la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que son violados por atropellos del gobierno del presidente Hugo Chávez. Insulza no puede proponer el debate obligatorio de temas en el seno de la OEA, a menos que éstos fueran aprobados por los embajadores. AP