Reforma educativa: solo hay comisiones

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PILAR BESADA

La ley de educación avanza a paso lento; hasta ahora, no ha habido pasos ejecutivos. Según sus críticos, la ley solo estableció "un sistema de reparto del poder" que no beneficia a los alumnos sino a los sindicatos docentes.

La ley de educación, aprobada tras un largo debate en diciembre del año pasado, todavía no ha tenido efectos visibles en la educación pública. Por el momento se crearon varias comisiones que coordinarán acciones futuras.

Según el doctor en Filosofía y rector académico de la Universidad Católica, Pablo da Silveira, "lo único que hizo" la ley de educación "fue establecer un sistema de reparto del poder dentro del sistema educativo". Da Silveira agregó que, además, la ley "le entrega el grueso del poder a los sindicatos de la enseñanza".

Por su parte, Ricardo Vilaró, ex integrante del Codicen y ex dirigente gremial, confirmó que "no se han visto incidencias a nivel de aula" a consecuencia de la ley de educación. "La ley creó muchos organismos consultivos, que son marco para la reflexión, para el intercambio de ideas pero, en sí mismos, no van a tener ninguna consecuencia inmediata", comentó.

Por el momento, a raíz de la ley, se creó el órgano que coordinará la instalación de los demás institutos y comisiones, llamado Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, integrado por las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de la Universidad de la República (UdelaR) y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Además, se crearon las comisiones que estudian la instalación del Instituto Universitario de Educación y el Instituto Terciario Superior, que instalarán cursos técnicos y tecnológicos.

El miércoles próximo se reunirá la Coordinadora, y allí se difundirán los primeros informes de los progresos de la instalación de estos institutos.

Entre otros puntos que comentó a El País el director de Educación del MEC, Luis Garibaldi, está la instalación de las comisiones de Educación Física y de Derechos Humanos. Garibaldi aclaró que estas son comisiones "coordinadoras, no ejecutivas".

Gasto público. Da Silveira también fustiga la política educativa del gobierno con respecto al aumento del gasto en educación. Para el rector académico, "los resultados son extremadamente modestos en relación a la enorme cantidad de dinero suplementario que se volcó". La administración del Frente Amplio llevó el gasto en educación al 4,5% del Producto Bruto Interno.

Para da Silveira "este gobierno actuó con una mentalidad muy rara" con respecto al gasto en educación.

"Festejó en todos los órdenes el aumento del gasto, como si fuera algo bueno en sí mismo", afirmó. A su juicio, aumentar el gasto, "en general es algo malo", y solo es bueno "cuando el aumento genera beneficios que están por encima del costo adicional que se ha generado; esto no ocurrió".

Da Silveira estimó que los "dos principales problemas" de la educación son "la deserción en Secundaria, y la mala calidad de los aprendizajes, los que apenas se han modificado".

Consultado sobre los resultados que había traído el aumento del gasto en educación Vilaró consideró a su tiempo que, "más que resultados, que se ven a largo plazo, lo importante es la voluntad del gobierno de invertir en la educación, con un salto significativo histórico".

Vilaró también evaluó como positivo el hecho de que "se empiece a entender la vinculación de la educación con todo el conjunto de los problemas del país".

Para Vilaró, el "gran problema" del país es que "hace 25 años que hay problemas endémicos", como el índice de repetición en primer año de liceo, que en 1985 era de 35% y en 2008 de 38%.

La educación media se debe adaptar a la sociedad actual, según Vilaró, y debería haber un desarrollo de las carreras politécnicas en el nivel terciario.

Da Silveira comentó que la reducción de 30.000 alumnos del sistema educativo, que comentó Germán Rama días atrás, tiene, en parte, motivos demográficos, como lo señalaron voceros del gobierno.

Sin embargo, observó que el principal problema demográfico que explica esta reducción no es la baja en la tasa de natalidad, sino la emigración de uruguayos, "una emigración que el gobierno no reconoce" según da Silveira, "porque reconocerlo sería uno más de sus fracasos".

Para Pablo da Silveira, la ley de educación deja en manos de los sindicatos docentes las decisiones importantes. "Eso es una mala idea", afirmó. "No porque los sindicatos no merezcan existir, sino porque cualquier corporación pone sus intereses por delante de los de los demás". Por tanto "el sistema educativo no estará al servicio de los alumnos y de los padres" sino al servicio "de la corporación docente".

Afutu, el sindicato de funcionarios y docentes de Utu, "colgó" en su página web un informe del constitucionalista Horacio Casinelli Muñoz sobre la ley 18.437 (Ley General de Educación) que será presentado ante la Suprema Corte de Justicia con el propósito de que declare la inconstitucionalidad de la norma. Se trata de un texto de 10 páginas en el que el catedrático cita la doctrina nacional sobre la autonomía de la educación y sostiene que la ley de Educación "desconoce el concepto constitucional de especialización del ente". Entre otras observaciones, Casinelli señala que Justino Jiménez de Aréchaga recoge y equipara la autonomía con el principio de libertad, colocándolo como uno de los "principios más generales" que deben presidir la interpretación de la Constitución uruguaya.

El catedrático entiende que se viola el derecho de los padres respecto de las opciones educativas para sus hijos. Según el inciso tercero del art. 68 de la Constitución:

"Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee". Por esto quedaría fuera de la Constitución la disposición contenida en el art. 75 que impone a los responsables de los educandos, el deber de asegurar la concurrencia regular de su hijo al centro educativo, de forma de cumplir con la educación obligatoria establecida en la presente ley, opina Casinelli.