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ROMA | EL PAÍS DE MADRID Y AP

El presidente italiano promulgó ayer la nueva ley de inmigración, pero expresó su "perplejidad" ante iniciativa impulsada por Berlusconi que introduce el delito de inmigración clandestina, lleva a 180 días la reclusión de los "sin papeles" y restringe derechos sociales y civiles.

El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, promulgó ayer la Ley de Seguridad aprobada por el Parlamento el 2 de julio, y envió sendas cartas al Gabinete en las que expresa su "perplejidad y preocupación" ante el texto. Según Napolitano, las Disposiciones de Seguridad Pública se han ampliado "de modo relevante" durante el trámite parlamentario, y ahora contienen "numerosas normas heterogéneas" y "carentes de organicidad y sistematicidad".

Además, escribe el jefe del Estado, hay normas de "dudosa coherencia con los principios generales del ordenamiento jurídico y con el sistema penal vigente". Napolitano llama también la atención sobre los problemas que comportará "la aplicación de la ley" que impulsó el primer ministro, Silvio Berlusconi.

El líder de Italia de los Valores, Antonio Di Pietro, criticó la iniciativa del presidente porque, a su juicio, debería haber devuelto la ley al Parlamento "en vez de expresar lamentos que sólo son gritos al viento".

El Partido Democrático pidió por su parte al Ejecutivo que lleve el polémico texto otra vez a las cámaras pero, según Napolitano, la urgencia de aprobar esas normas le impide devolver la ley al Parlamento.

La ley sobre seguridad fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio con los votos favorables del Partido de la Libertad, el partido que dirige Silvio Berlusconi, y sus aliados de la Liga Norte. En contra votaron el Partido Demócrata, Italia de los Valores y la Unión de Demócratas Cristianos y Demócratas de Centro.

Cuando fue aprobada por el Parlamento, el arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio del Vaticano para los Emigrantes, manifestó que se trataba de una "ley que traerá mucho dolor y dificultad".

Italia, a pesar de haber sido un país de gran emigración en el pasado, es uno de los países europeos con el menor número de emigrantes.

La ley. La nueva Ley de Seguridad introduce el delito de inmigración clandestina (penado con multas de 5.000 a 10.000 euros o incluso con cárcel); da vía libre a las patrullas ciudadanas de ex agentes sin armas; prolonga a 180 días la estancia de los "sin papeles" en los centros de detención italianos, y restringe los derechos sociales y civiles (matrimonio, escolaridad, sanidad y ciudadanía) a los inmigrantes irregulares.

La ley incluye además medidas penitenciarias más severas para los delitos de mafia y establece que se penará con la cárcel a quienes alojen o alquilen habitaciones a los inmigrantes irregulares.

Ante las protestas, el gobierno ya había anunciado que dictará una norma para regular a unos 500.000 ciudadanos extracomunitarios ilegalmente presentes en el país.

asilo. Laura Boldrini, portavoz de Acnur en Italia, afirmó ayer que el gobierno italiano está poniendo en serio riesgo el derecho de asilo de los inmigrantes con las repatriaciones de los "sin papeles" en alta mar aplicada tras firmar el tratado bilateral con Libia.

Las críticas de la ONU siguen a las denuncias de varias ONG y de la propia Acnur contra el uso de la fuerza por parte de la marina militar durante una operación de devolución de inmigrantes africanos realizada el 1º de julio.

En virtud del acuerdo firmado por Silvio Berlusconi y Muammar El Gaddafi el 14 de mayo, Italia ha devuelto ya más de mil inmigrantes a Libia.

El gobierno italiano niega las acusaciones. El ministro de Defensa, Ignazio La Russa, ha dicho que se trata de "imputaciones repugnantes", y ha achacado la violencia al hecho de que algunos inmigrantes "intentaron usar la fuerza contra los militares".