La corriente radical 810 de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (Aebu) -que en la representativa del Banco República (BROU)promovió un juicio contra éste por el impago de un catorceavo sueldo correspondiente al período 2004 y 2005- solicitó ante el Consejo Central que se instrumenten cambios en Jurídica dado que algunos representantes estarían enfrentando conflicto de intereses al momento de actuar.
"El asesoramiento jurídico de AEBU no puede estar en manos de abogados que forman parte del gobierno e integran el Poder Ejecutivo, ya que ésta es una contradicción básica donde no se puede ser juez y parte, o peor aún, estar con Dios y con el diablo", sostuvieron en un comunicado.
Por eso piden la licencia al jefe de la Sala Jurídica de AEBU, Armando Cuervo, también miembro del directorio del Banco de Previsión Social. Además solicitan la renuncia de Ariel Nicoliello "por entender contradictorio que un miembro de nuestra Sala Jurídica, defensora de los intereses de clase, haya sido representante de las patronales en el Consejo de Salarios (Grupo 8, Industria de Productos Metálicos y Maquinaria y Equipos-Subgrupo 5) en el entendido que expresa una contradicción insalvable entre los intereses de los trabajadores y los de los patrones".
La corriente 810 sostiene que Jurídica "debe tener, no solamente el planteo técnico, sino una firme posición en los intereses de clase y que a esta represente" siendo libre "de otros intereses como en este caso pudieran intervenir al ser integrantes del gobierno". Es que esto se da luego que el BROU obtuvo un fallo favorable en segunda instancia que le evitaría de pagar US$ 25 millones por una compensación especial para sus funcionarios en 2004 y 2005 que no abonó.