FRAY BENTOS | DANIEL ROJAS
El sindicato policial de Fray Bentos aguarda expectante novedades en torno al caso del policía procesado por la jueza Adriana de Asís, luego de una fuerte "movida" que los llevó a presentarse ante la Dirección Nacional de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y ante la Suprema Corte de Justicia.
El pasado 9 de junio, un centenar de efectivos, familiares y vecinos, marcharon por la principal avenida de la capital rionegrense, reclamando la libertad del agente de 30 años, procesado por los delitos de "ocultamiento de información" y "violencia privada".
La manifestación llegó hasta las puertas del juzgado, donde se entregó una carta con destino al magistrado de la causa.
Acto seguido, el sindicato dio un plazo para obtener una respuesta y amenazó con "destapar una olla" porque entiende que el policía recluido hace 78 días, fue procesado injustamente.
Al ser consultado Carlos Núñez, presidente del Sindicato Único Policial (SUPU) filial Fray Bentos, sobre si las denuncias tienen relación al narcotráfico y posibles implicancias, el dirigente policial se limitó a expresar: "Puede ir por ahí el asunto, pero por el momento tenemos que quemar etapas. Vamos a esperar", expresó.
Ahora se supo que la jueza De Asís pidió que el policía procesado fuera revisado el lunes pasado por un forense de Paysandú.
El País accedió al escrito presentado por el abogado Fernando Dotti, que renunció a la defensa del cabo V.V. por falta de garantías. Expresó que al momento de ejercer la defensa le fue negado el expediente "por disposición del Tribunal", que adujo "reserva especial".
Más adelante el documento denuncia que "no se respetó por el Tribunal, a su juicio, el necesario equilibrio que debe existir entre las partes del proceso penal, esto es, Ministerio Público y defensor. El Ministerio Público, con la pasividad del Tribunal, trató de hacer decir a su defendido lo que su defendido no había dicho, intentando forzar una confesión. Y, en el Uruguay, nadie puede ser citado a confesar, sino a declarar, y en un interrogatorio de garantías, al menos, mientras esté vigente el artículo 20 de la Constitución".
Dotti agregó que "en el devenir de la audiencia, este defensor y su defendido fueron testigos de que su contraparte, la señora fiscal, ingresara a la Oficina de la Sede, y realizara comentarios con Usted señora Juez, a espaldas del compareciente, extremo que también es inaceptable y que por supuesto, no ofrece garantías".