La Policía indaga a cuatro menores por día por delitos

1/2

2/2

EDUARDO BARRENECHE

Un promedio de cuatro menores por día fueron investigados o detenidos por la Policía en 2008 por delitos como rapiñas o hurtos. De esa cifra, a casi dos jóvenes diarios se le inicia un procedimiento, según datos de la Suprema Corte de Justicia.

Un reciente relevamiento realizado por el máximo órgano del Poder Judicial constató que pese a que 600 adolescentes enfrentan un proceso infraccional por un supuesto delito, apenas un poco más de la mitad recibe sentencias definitivas dictadas por los cuatro magistrados de Menores.

El estudio parcial, que también relevó los procesos a adolescentes concluidos en tres de los cuatro juzgados de Menores en 2009, constató que el 82% (101) de los mismos se refieren a delitos como rapiñas y asaltos especialmente agravados. El 17% (21) restante está vinculado a menores que protagonizaron hurtos comunes y especialmente agravados. El 1% restante se relaciona con otros delitos como homicidios, tenencia y tráfico de estupefacientes, lesiones y atentado violento al pudor.

Las continuas fugas de los adolescentes de los hogares de la Colonia Berro, que determina una suspensión del procedimiento, es la explicación de la diferencia entre los inicios de procesos contra adolescentes infractores y el bajo número de sentencias definitivas con medidas de privativas de libertad.

El juez de Menores, Washington Balliva, dijo que "un porcentaje altísimo de menores delinque cuando están fugados del INAU. Es un hecho de la realidad que el sistema no retiene a los adolescentes infractores", señaló.

Según su colega Hugo Morales, el 60% de los adolescentes detenidos son reincidentes.

Por su parte, el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, explicó que cuando el menor se fuga, se detiene el proceso, ya que en Uruguay no existe un procedimiento penal en rebeldía. Sin embargo, las normativas establecen, además, que no corren las prescripciones de los delitos durante ese plazo.

Oxandabarat señaló que cuando se fuga un menor que se encuentra recluido en la Colonia Berro con medidas privativas y luego comete un delito, la segunda causa se acumula con la anterior.

Ese fenómeno determina que muchos adolescentes llegan a los juzgados de Menores con cuatro o cinco sentencias sin cumplir, cuyas penas se van sumando. Luego del inicio de procedimiento en un juzgado, retornan a la Colonia Berro con medidas privativas de libertad.

Si tienen la suerte de ser derivados a un hogar abierto como La Casona, por ejemplo, se fugan a los cinco minutos porque este centro carece de seguridad perimetral y guardias policiales.

Tras escaparse, los adolescentes se dirigen hacia Pando o a Montevideo donde vuelven a delinquir. Son atrapados por la Policía y antes de las dos horas, debe informar al juez sobre la detención. Y así comienza otra vez el círculo vicioso.

Fuentes policiales señalaron a El País que se han capturados a jóvenes que protagonizaron homicidios y que habían sido alojados por el INAU en hogares abiertos, lo cual fue calificado de inadmisible. Lo mismo ha denunciado el sindicato.

Días atrás, el Comando de la Jefatura de Canelones trasmitió al INAU que debería mejorar los criterios de clasificación de los menores en el momento de destinarlos a los hogares. Los únicos centros cerrados en la Colonia Berro son Ser, Piedras, Puertas e Ituzaingó.

Uno de los problemas que tienen las autoridades del INAU a la hora de enviar un menor a un centro de la Colonia Berro, es si éste tiene o no plazas disponibles. En este momento, la mayoría de los hogares del organismo están repletos. Dentro de unos 90 días finalizarán las obras en los hogares Sarandí, Chimborazo y Desafío que mejorará la disponibilidad de plazas, según el director Jorge Ferrando.

Los últimos datos conocidos de la Suprema Corte de Justicia sobre la actividad delictiva de los menores databa de 2007. Según un reciente relevamiento estadístico de la actuación de los cuatro juzgados de Menores, se iniciaron unos 1.400 asuntos e indagatorias a jóvenes en 2008.

Unos 600 adolescentes enfrentaron procesos infraccionales en los Juzgados de Menores. Mientras que 361 de ellos recibieron sentencias definitivas.

Los datos de la Suprema Corte de Justicia indican que, en 2008, 351 adolescentes infractores fueron remitidos con medidas cautelares con privación de libertad. Es decir, fueron derivados a centros del INAU. Muchos de ellos fueron alojados en hogares abiertos pese a la orden judicial.

El sindicato del INAU entregó ayer al Parlamento un documento que contenía 77 fotografías sobre las condicionales laborales y de alojamiento de menores en la Colonia Berro, dijo el presidente del gremio, Joselo López. El sindicato se quejó de la falta de personal y del hacinamiento de los menores. El Directorio del INAU anunció que investigará las denuncias del senador Eleuterio Fernández Huidobro sobre la vinculación de funcionarios con motines.