Madrid | España está dispuesta a acoger entre tres y cinco reclusos de Guantánamo para ayudar al presidente estadounidense Barack Obama a cumplir su promesa de liquidar antes de enero de 2010 la prisión, una de las herencias más criticadas de la era de su predecesor: George W. Bush. Así lo informaron ayer fuentes gubernamentales.
La lista de posibles acogidos llegará a Madrid hoy en manos del enviado especial de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried. De todos modos, el gobierno español ya sabe que se trata de reclusos de nacionalidad siria y tunecina que solicitaron ser trasladados a España.
Además de sus nombres, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibirá toda la información disponible sobre ellos, incluida la confidencial: por qué y en qué circunstancias fueron detenidos, qué riesgo suponen para la seguridad del país de acogida y por qué Estados Unidos no quiere juzgarlos ni devolverlos a sus países.
Al contrario de otros gobiernos europeos, España no exige que los prisioneros tengan vinculación alguna con el país, sólo que lo hayan elegido como destino y que no tengan antecedentes penales. Queda por discutir quién se hará cargo de los gastos que genere su estancia en España, que serán cuantiosos si requieren vigilancia.
En la medida que no existe ninguna causa contra ellos, los ex reclusos gozarán de libertad de movimientos, pero probablemente no podrán salir de España. Lo lógico es que pidan asilo político o el estatuto de protección internacional, dos figuras que, según fuentes diplomáticas, les permitirán acceder a ayudas sociales, pero no circular por los países de la Unión Europea que aún no han armonizado su legislación sobre asilo.
La visita de Fried a Madrid se produce 24 horas después que el premier italiano, Silvio Berlusconi, en una reunión con Obama en la Casa Blanca, anunciara que su país acogería a tres ex reclusos. En tanto, el domingo los ministros de Asuntos Exteriores de la UE refrendaron en Luxemburgo una declaración conjunta con EE.UU. en la que acordaron cooperar con el cierre del campo ilegal de prisioneros, pese a subrayar que la responsabilidad primera de reencontrar realojamiento a los casi 240 reclusos es de Washington. El país de Madrid