Ha sido necesaria una decisión judicial, para que el ministerio del Interior asuma la realidad del hacinamiento carcelario. Asimismo, el fallo judicial indica que se deben alojar en forma separada los penados y los procesados. Para todo esto, el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de ocho meses. Además, se ordena la eliminación en 120 días, de los módulos metálicos del Penal de Libertad.
Más allá de la apelación interpuesta a esta decisión, lo cierto es que desde que se instaló el gobierno actual, figuras prominentes del mismo han estado preconizando la humanización del sistema carcelario. Estamos cerca del final de su gestión sin que se haya logrado mejorar la situación.
El fallo del Contencioso Administrativo citado es muestra elocuente de esa verdad quemante.
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