La comisión de asuntos laborales del Senado inició la discusión del proyecto de ley del gobierno que prevé una sanción de hasta seis salarios para los acosadores sexuales en el ámbito laboral. Eso es lo que cobrará la víctima en caso de que esta ley sea aprobada.
A mediados de mayo la comisión recibió a la inspectora general de Trabajo, Sara Payssé, y el tema será retomado este miércoles. El Ejecutivo impulsa la indemnización de las víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral o educativo, tanto a nivel público como privado. Las empresas deberán hacerse cargo del resarcimiento si no tomaron medidas para "corregir" la agresión.
El proyecto apunta a la prevención y sanción de los casos de acoso sexual. Si se comprueba la existencia de la agresión, la víctima "podrá reclamar al responsable una indemnización por daño moral equivalente a seis mensualidades".
La denuncia puede ser efectuada por el trabajador en el ámbito de su empresa o en la Inspección de Trabajo. Si la denuncia no se hace a la empresa y sí a la Inspección, ésta traslada la denuncia a efectos de que cese la situación de acoso. Si el trabajador reclama una indemnización y las pruebas demuestran la veracidad de la denuncia, será el juez laboral el que defina a quién corresponde el pago.
El polémico proyecto de ley también contempla que el acosado pueda romper unilateralmente la relación de trabajo por considerar que no puede permanecer en el lugar de trabajo. En ese caso, el afectado podrá considerarse "indirectamente despedido" con carácter abusivo y tendrá derecho a "una indemnización especial tarifada de seis mensualidades, acumulable a la indemnización común".
El abogado Nelson Larrañaga de Ferrere Abogados escribió en marzo en el suplemento El Empresario que la norma, "con todos sus méritos", debe mejorarse en su diseño, ya que incluye artículos que ponen todo el peso de la prueba en la empresa, alterando la igualdad constitucional.