Gobierno levanta decreto e INAU asume responsabilidad

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El sindicato del INAU, las autoridades del MIDES, del INAU y del ministerio de Trabajado se reunieron para negociar posibles soluciones al hacinamiento que hay en los hogares del organismo.

Tras la reunión, según informa El Espectador, el gobierno resolvió levantar el decreto de esencialidad de los servicios de internación de menores.

Por su parte, tras un acuerdo con los funcionarios, las autoridades del organismo aceptaron ser responsables a nivel penal por cualquier hecho que ocurra en los hogares.

Además se creó una comisión donde se dialogue cualquier problema que surja.

La resolución fue firmada ayer por el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, pero se estaba manejando hace varios días.

La declaración de esencialidad iba a regir por 30 días exclusivamente para el Sistema de Ejecución de Medidas Educativas Juveniles (ex Interj), del que dependen los hogares de internación de menores infractores del INAU.

El conflicto radica en que desde 2007, los funcionarios están desarrollando un sistema de cupos que prevé la cantidad de jóvenes que pueden ingresar en cada dependencia para evitar el hacinamiento. Sin embargo, ese mecanismo ha provocado la saturación de los hogares de ingreso.

"El sindicato ha establecido cuántos entran en cada hogar, cosa que obliga a que los muchachos derivados por la Justicia estén en condiciones totalmente inapropiadas", dijo ayer Arismendi a El País.

En los últimos días, el Hogar Puertas, el principal centro de ingreso en las dependencias del INAU, vio superada ampliamente su capacidad y llegó a contar con 50 internos, dijeron fuentes del INAU.

A partir de hoy, los menores alojados allí, comenzarán a ser redistribuidos en los siete centros de la Colonia Berro y en los cuatro hogares que existen en Montevideo, confirmaron las fuentes consultadas por El País.

La ministra Arismendi se reunió ayer con representantes del sindicato del INAU y con delegados del Pit-Cnt y de la Confederación de Trabajadores del Estado (COFE) para intentar destrabar la situación. Con la secretaria de Estado habían acordado dejar "stand by" la decisión para continuar negociando, según relató a El País el dirigente del gremio del organismo, Carlos Salaberry.

Luego de la reunión con Arismendi, los trabajadores se entrevistaron con el director nacional de Trabajo, Julio Baráibar. En ese momento, llegó una notificación a los diferentes centros informando la resolución que decretaba la esencialidad del servicio.