La ciudad y su clientela

Los contribuyentes montevideanos no sólo tienen capacidad de pago sino que también tienen paciencia, una virtud que los organismos recaudadores como la Intendencia Municipal deberían reconocer y apreciar. Esa paciencia les permite tolerar que en la ciudad no se cumplan todas las mejoras y servicios que deberían realizarse a cambio de la montaña de tributos que esa ciudadanía abona regularmente. Para medir con justicia la relación que existe entre los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, debe tomarse en cuenta el monto y la multiplicidad de esos tributos municipales, desde la contribución inmobiliaria o la patente de rodados hasta la tarifa de saneamiento, los tributos domiciliarios o la tasa de necrópolis, sin olvidar que algunas de esas cargas se duplican por motivos que sólo puede explicar la voracidad oficial. Porque lo que un contribuyente paga a escala nacional a un ente como OSE por el agua que consume, vuelve a pagarlo a nivel municipal con esa tarifa de saneamiento que se calcula sobre el mismo volumen de agua consumida. Y lo que ese contribuyente ya abonó (como propietario) a través de la contribución inmobiliaria, volverá a pagarlo a escala nacional mediante el Impuesto de Primaria que grava nuevamente a los mismos propietarios -pero no a otros ciudadanos- para demostrar que el fisco no tiene en este país una sola cabeza, sino tantas como la hidra.

Resulta claro que las obligaciones del contribuyente no son postergables, sino que el desembolso que suponen debe efectuarse bajo la amenaza de una fecha límite, luego de la cual comienzan a correr los recargos por mora y las multas. Pero también parece claro que los derechos de ese mismo contribuyente son en cambio más imprecisos, porque no pueden reclamarse en tiempo y forma, sino que están sujetos a la voluntad del organismo público encargado de responder con el aporte de los servicios y las mejoras que debería proporcionar, aunque a menudo no lo haga. Frente a tales postergaciones y omisiones, el contribuyente no dispone de otro amparo que el de su paciencia, armado de la cual espera -a veces indefinidamente- que se lleven a cabo dichos servicios o mejoras, sin que la oficina recaudadora corra el peligro de enfrentar protestas colectivas o sublevaciones populares, y ni siquiera una huelga de contribuyentes. Tal vez la ciudadanía comprenda que no puede reclamar de la Intendencia Municipal todas las cosas a las que tendría derecho, porque la mayor parte de lo que extrae ese organismo del bolsillo de los montevideanos, se le va en pagar los sueldos de sus 8.000 funcionarios, lo cual explica que la alcaldía capitalina sea un mastodonte burocrático antes que una administradora eficiente o un gobierno comunal.

Cuando ese contribuyente enfrentado a muchas obligaciones y pocos derechos, observa por la calle el veloz deterioro de los contenedores de basura, los numerosos árboles muertos en las hileras del ornato público, los menores de edad conduciendo carros hurgadores, el alumbrado penumbroso, la cantidad de veredas destrozadas o pavimentos con baches, el estado de abandono de algunas plazas y de su marco vegetal (¿la Intendencia ha echado últimamente alguna ojeada a la del Barón de Río Branco, por ejemplo?), puede sacar conclusiones desalentadoras que quizá se redoblen si llega a cruzarse con otros menores de edad en estado de desamparo, pidiendo en los semáforos o durmiendo en algún umbral. Puede ocurrir asimismo que al circular por la ciudad deba pagar alguna multa de tránsito, que también figura entre sus obligaciones, aunque esa carga no figura en cambio entre las obligaciones de los conductores de carros con caballo, a pesar de que el estado físico de esa bestia de tiro sea espantoso y aunque el conductor sea menor de edad, maneje sin luces, lo haga a contramano y cruce semáforos con luz roja.

Entre las buenas intenciones (aún incumplidas) de la Intendencia Municipal, figura la inefable designación de cuatro hurgadores para que instruyan a sus pares en el cumplimiento de esa tarea. Figura también la prolongación de la Peatonal Sarandí y la recuperación de la Plaza Constitución. No figura en cambio el arreglo de todas las calles que presentan deterioros graves (y que son el 10% de las vías montevideanas) porque los propios jerarcas comunales admiten carecer de los recursos para hacer frente a esa labor. El resto son buenas intenciones, cuando ya ha comenzado a correr el quinto año de la presente administración.