Caducidad: Fiscal de Corte dijo que la ley es inconstitucional

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PABLO MELENDREZ

El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, se pronunció a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, en el caso que indaga la muerte de Nibia Sabalsagaray. Consideró que pactos internacionales derogan la norma "parcial y tácitamente".

En un dictamen de 38 páginas que fue presentado a última hora de ayer martes ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ubiría expresó su posición a favor de "hacer lugar" a la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 3° y 4° de la ley de Caducidad.

El pronunciamiento de Ubiría -que no es vinculante para los ministros de la SCJ-, ingresó ayer formalmente a la Corporación, y en los próximos días el expediente comenzará a ser estudiado por los magistrados. Según el presidente de la Corporación, Jorge Larrieux, la sentencia será emitida recién en setiembre, debido a que cada magistrado tiene un plazo de 20 días para analizar el expediente, a lo que se suma que en julio se jubilará el ministro Hipólito Rodríguez Caorsi, por lo que la sala permanecerá desintegrada por algún tiempo.

Inicialmente, la acción había sido presentada en octubre de 2008 por la fiscal penal Mirtha Guianze en el caso que indaga la muerte por torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, en 1974.

El caso había sido incluido en la ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo, por lo que el juez Rolando Vomero no pudo indagar a militares.

Como Ubiría había desestimado ese recurso al considerar que Guianze no tiene "legitimación", los familiares de la militante fallecida se presentaron como una nueva parte en el proceso, ante lo cual el fiscal de Corte accedió a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

"En opinión de esta Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, los textos legales que se cuestionan resultan incompatibles y se encuentran en contradicción con las disposiciones constitucionales invocadas, así como con diversos Instrumentos de Derecho Internacional, relativos a Derechos Humanos", afirma el dictamen.

El fiscal de Corte dedica parte de su pronunciamiento a analizar las circunstancias en las que se votó la ley en 1986. Para eso, cita exposiciones de legisladores de la época como quienes plantearon sus dudas sobre la iniciativa, en momentos donde una importante cantidad de militares estaban siendo citados para declarar ante la Justicia Penal.

Al respecto, Ubiría señala que los legisladores se vieron "en la encrucijada de tener que sancionar una ley con efectos conclusivos acerca de la comparecencia de militares y policías ante la Justicia ordinaria". Y se pregunta: "¿Se puede acaso sostener que los legisladores de la época tuvieron entonces `libertad plena` para elegir otro camino?".

INJERENCIA. Ubiría señala que el artículo 1° de la ley, que establece que "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado" respecto de los delitos cometidos por militares y policías hasta el 1° de marzo de 1985, no implicó una amnistía para militares y policías, porque se hubiera recurrido a esa figura prevista en la Constitución, por lo que se trató de buscar una "fórmula que evitara una verdadera crisis institucional".

Según el fiscal de Corte, el artículo 1° es inconstitucional porque la Carta Magna establece que el juez es el "único representante legítimo del Poder Judicial con facultades para disponer o no la indagatoria".

Por otro lado, en relación a los artículos 3° y 4° de la ley de Caducidad, que establecen que los jueces que reciban denuncias por casos de violaciones a los Derechos Humanos deben consultar al Poder Ejecutivo antes de iniciar la indagatoria, el dictamen -que cita la jurisprudencia de los ministros de la SCJ Jacinta Balbela y Nelson García Otero en 1989, que se expresaron por la inconstitucionalidad de la norma- señala que esa disposición representa una violación al principio de separación de Poderes y "una injerencia indebida, no permitida por la Constitución, de un Poder del Estado (el Ejecutivo) en asuntos que son de plena y absoluta competencia de otro Poder de igual rango, como lo es el Poder Judicial".

DEROGADA. Por otra parte, Ubiría sostiene en su dictamen que la ley de Caducidad es "incompatible" con diversos pactos y tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por Uruguay, como por ejemplo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

En tal sentido, explica que cuando un Estado ratifica tratados y convenciones internacionales "éstos quedan debidamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, y forman parte de nuestro derecho interno", por lo que adquieren una jerarquía constitucional, según lo que establece el ar- tículo 72 de la Carta Magna.

Incluso, Ubiría sostiene que los artículos 1°, 3° y 4° de la ley de Caducidad fueron derogados "parcial y tácitamente" por el contenido de la ley 18.026 de octubre de 2006, que tipificó en Uruguay los crímenes previstos por la Corte Penal Internacional, como por ejemplo la "desaparición forzada de personas" y el "homicidio político".

Según el fiscal de Corte, la nueva legislación "obliga" a Uruguay a "juzgar los hechos tipificados como delito según el derecho internacional".

Por eso, tiene "singular" trascendencia la disposición de la ley 18.026 que establece la "improcedencia de amnistía y similares", por lo que Ubiría concluye que los artículos cuestionados de la ley de Caducidad están derogados por la nueva legislación.

Una multitud participó anoche de la 14ª Marcha del Silencio convocada por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Bajo la consigna "Elegimos verdad, justicia, memoria y nunca más", la tradicional concentración encabezada por los familiares de los desaparecidos partió a la hora 19 de Rivera y Jackson para marchar por 18 de Julio hasta Plaza de Cagancha. Hubo un homenaje al escritor Mario Benedetti, con la lectura en Plaza de Ca- gancha de uno de sus poemas dedicado a los desaparecidos

El precandidato José Mujica participó de la marcha al igual que dirigentes de los distintos sectores del Frente Amplio. El presidente Tabaré Vázquez no asistió a la movilización, pese a ser la última marcha bajo su mandato.

La presencia de numerosos jóvenes fue destacada por los organizadores, por entender que las nuevas generaciones se sumaron a la concentración a partir de la campaña de recolección de firmas que se llevó adelante para plebiscitar la anulación de la ley de Caducidad.

Al igual que en años anteriores, al llegar a Ejido, se mencionó por los parlantes el nombre de cada uno de los desaparecidos y la multitud respondió: "¡Presente!".

La marcha culminó con la entonación del Himno Nacional y un cerrado aplauso.