Todos es nadie

ALEJANDRO NOGUEIRA

Metido a "segurólogo" (como dice Tourné), no como periodista, sino como simple ciudadano que trata de razonar desde el sentido común, el abordaje sobre la seguridad, la violencia y el delito desde el ángulo de "todos somos responsables" y "es un problema de la sociedad", me resulta fútil, inconducente. Incluso los diagnósticos que subrayan la "multicausalidad" de estos problemas aportan poco, porque cualquier fenómeno social, político y económico tiene orígenes múltiples. Su descripción aclara, pero no resuelve.

Estos abordajes genéricos del problema, sazonados con cuestionamientos a la relevancia que le dan los medios a la crónica roja y su impacto en la "sensación térmica", no son más que una manera de escurrir el bulto de quienes tienen una parte concreta de responsabilidad en el asunto y no la ejercen con la excusa de los demás factores que no pueden controlar.

Preservar a la sociedad de la violencia y el delito es tarea del Ministerio del Interior y de la Policía. Lo hará mejor o peor según su capacidad, sus recursos o su gestión, pero estos son temas que no pueden diluirse en consideraciones generalistas.

También las reflexiones "sociológicas" terminan empantanando las soluciones prácticas. El pasado domingo El País recogió reflexiones de algunas sociólogas, a propósito de la violencia juvenil, que ponían en acento en la "infantofobia" de los adultos y en la "distancia generacional", fenómenos que hoy existen tanto como existían cuando yo tenía 18 años y cuando los tenía mi abuelo. También señaló alguna de las expertas la dificultad de los docentes para comprender los códigos juveniles. Me parece que a fines de los años 60 maestros y profesores también tenían problemas para entender el "flower power", la "imaginación al poder" y la efervescencia revolucionaria que nos acometía a los jóvenes por estas latitudes latinoamericanas.

En todo caso, esta reflexión sobre la falta de idoneidad de los docentes se acerca un poco más al problema, como el señalamiento de que los policías están mal pagos y no tienen la tecnología y los recursos materiales necesarios, porque apunta a responsabilidades concretas del Estado. Dicho en otras palabras, si no dejamos de diluir las culpas en la sociedad empezaremos a discriminar a los actores concretos que tienen responsabilidad. Y en la educación, esa responsabilidad recae en sus autoridades y en sus gremios, que solo levantan las banderas del poder (autonomía y cogobierno) y del aumento salarial y no dedican ni un minuto a una reflexión autocrítica sobre la baja calidad docente y el ausentismo laboral. El sistema educativo público no solo enseña mal y gestiona mal: no sabe ponerle límites a los jóvenes problemáticos.

Y la lista de responsables no se agota allí: el INAU no logra manejar a 200 menores violentos. Las directivas de los clubes deportivos no pueden o no quieren controlar y eliminar a sus barrabravas desbocados. Son, también, responsables con nombre y apellido. Los culpables no somos todos.