Votitos seguros

ALEJANDRO NOGUEIRA

La seguridad es a tal punto un tema de campaña electoral y flanco flaco del gobierno que los precandidatos del Frente Amplio han decidido acometerlo. José Mujica, en especial, se las ingenió para hacer más ruido que nadie al plantear la detención policial y tratamiento compulsivo de los menores adictos.

Como la seguridad es moda, Marcos Carámbula acomete el asunto de la violencia en el deporte sin aportar más que cualquier buen padre de familia. Más llamativas son las apreciaciones de Danilo Astori, ex ministro de Economía en los últimos cuatro años, quien prometió el martes en una conferencia ante empresarios de Ascoma que procurará que la cartera de Economía de más recursos para reforzar la tecnología de la Policía. Supongo que también le pedirá que de más dinero al INAU para la contención de los menores infractores, y a Interior para construir cárceles decentes. Legítimamente podemos preguntarnos porque no los dio él en su momento y antes de que nos precipitáramos a las tragedias ligadas a estos asuntos.

Los precandidatos del Frente hablan como si fueran oposición, como si nada tuvieran que ver con el gobierno. Incluso Mujica, que no hesita en lanzar su polémica (y riesgosa) propuesta, no ha dado un paso como senador (ni tampoco su bancada) por estos temas.

El líder del MPP, incursiona de sopetón en una de las banderas opositoras, se pone del lado de Doña María, contradice sin vacilaciones los enfoques tradicionales de la izquierda (y del gobierno) sobre el manejo de las adicciones, y propone medidas para las que el gobierno, el Estado, no tiene respuestas.

No las tiene porque el consumo de drogas (incluso de los menores) no está legalmente penado, porque el Estado no tiene dónde atender a estos menores, ni a los mayores (que cometen delitos igualmente graves), ni a los presos adictos; no tiene dónde poner a los menores para que no se le escapen, ni recursos humanos para manejar esto. No los tiene porque no hay "margen fiscal", porque se optó en gastar en los sueldos de los docentes (en vez de mejorar la gestión educativa), de los médicos y funcionarios de la salud, de los empleados de COFE, de los entes, en los cañeros de Artigas, y en tantos otros frentes de demanda justificables o no.

Pero Mujica pone el foco en otros temas no menores. No hay legislación que obligue -o mejor dicho, que ampare- a los padres que tienen un hijo adicto. No solo no tienen a dónde llevarlo. No tienen cómo hacerlo o deben afrontar un largo, penoso e incierto camino judicial en pos de un fallo que caerá, como tantos, en la inaplicabilidad práctica.

Y el precandidato se afilia, suelto de cuerpo, a la tesis de que alcanza con encerrarlos, darles un pico y una pala, y hacerles un tratamiento compulsivo, lo que piensan muchas doñas María, pero que seguramente rechazan muchos jóvenes frentistas y mujiquistas, que deben haber quedado sorprendidos y decepcionados.

La academia se le vendrá arriba (no hay cura si el adicto no quiere, dirá), por no hablar de los abundantes exponentes de lo que el criminólogo británico Roger Matthews (que visitó recientemente Uruguay) calificó de "romanticismo de izquierda" en los temas de represión y seguridad pública.

El tema, de cualquier modo, seguirá rindiendo electoralmente. A todo el mundo.