Cabriolas de Vázquez

El Presidente de la República borra con el codo lo que hace dos años escribió con la mano. ¿El tema? La reparación a las víctimas de los enfrentamientos de los años sesenta y setenta. En 2007, con la firma de los ministros Danilo Astori (Economía), Daisy Tourné (Interior) y Azucena Berrutti (Defensa Nacional), Tabaré Vázquez remitió al Parlamento un proyecto de ley que beneficiaba tanto a las víctimas de la guerrilla tupamara como a las "víctimas del terrorismo de Estado". En aquel texto se adjudicaban compensaciones a familiares directos de los 66 policías, militares y civiles asesinados por los tupamaros, al tiempo que se hacía lo propio con familiares de desaparecidos.

Ahora, también con su firma, Vázquez da marcha atrás y, en un nuevo proyecto de ley enviado al Parlamento, excluye de la reparación a las llamadas "víctimas de la sedición".

La causa de esta nueva cabriola presidencial es la presión de los radicales deseosos de retacear todo reconocimiento a los caídos en defensa de las instituciones democráticas o a los civiles que fueron víctimas inocentes de las algaradas tupamaras. Esos sectores, integrados por ex-participantes de los grupos armados y sus admiradores de hoy, buscan concentrar ese capítulo de nuestra historia reciente bajo el rótulo exclusivo de "terrorismo de Estado". De ese modo procuran camuflar otras formas de terrorismo como el robo, la extorsión, la bomba, el secuestro y el asesinato, instrumentos preferidos por el grupo de iluminados que quisieron asaltar el poder a punta de pistola.

Por confesión de los propios tupamaros se sabe que su decisión de alzarse en armas contra la democracia se adoptó en 1962, aunque su primer atentado lo cometieron a mediados de 1963. Por entonces, Uruguay estaba gobernado por un Consejo Nacional de Gobierno al que podía calificarse de diversas formas, pero en ningún caso asignarle tintes autoritarios. Regían las libertades básicas, incluidas las de expresión y asociación. Partidos políticos y sindicatos operaban con normalidad en tanto que la izquierda tenía su representación parlamentaria y sus propios medios de comunicación. Pese a ello, deslumbrados por el éxito del castrismo en Cuba, un grupo de izquierdistas decidió imponer por la fuerza sus ideas a los uruguayos.

En su marcha, no trepidaron en asaltar bancos y empresas para hacerse de dinero. Luego, siguiendo la consigna "ármate y espera", comenzaron a atacar a agentes policiales para despojarlos de sus armas de reglamento. Algunos de ellos, que opusieron resistencia, fueron asesinados. Más adelante, en 1969, se lanzaron a copar Pando, un intento en donde no sólo enviaron a la muerte a tres de sus secuaces, sino que mataron a un distraído peatón. Enceguecidos en la lucha por su descabellado objetivo, ejecutaron sin piedad a un peón rural que se topó por azar con un refugio clandestino. De ahí en más, segaron la vida de cuantos se interpusieron en su camino, incluido el oficial del penal de Punta Carreta que no se dejó sobornar ni intimidar en los días previos a la fuga masiva del centenar de tupamaros allí recluidos.

Estas y otras tropelías ocurrieron en democracia, es decir, antes del golpe de Estado de junio de 1973. Corresponde subrayarlo pues este nuevo y arbitrario proyecto de reparación pretende abarcar los cinco años anteriores a esa fecha con el propósito de calificar de dictatorial el gobierno de Jorge Pacheco, una etiqueta que no corresponde. Correr el plazo hacia atrás hasta alcanzar el año 1968 es, entre otras cosas, una manera de justificar los atentados tupamaros previos al golpe de Estado que, de esta forma, se trafican como una respuesta al supuesto despotismo del gobierno de la época. Se invoca para ello la represión ejercida bajo el imperio de las medidas prontas de seguridad, pero no se aclara que esas medidas podían ser levantadas por el Parlamento.

El nuevo proyecto de ley entrevera las cosas, discrimina entre las víctimas y avala una interpretación flechada de la historia reciente. El presidente Vázquez, acertado con su primer proyecto que reparaba a todas las víctimas, desanda el camino bajo presión de los radicales. Es lo mismo que acaba de hacer con la ley de caducidad, a la que prometió respetar, y que, ahora, una vez juntadas las firmas para plebiscitarla, en otro espectacular cambio de paso se manifiesta partidario de anularla. ¿Seguirá así, de cabriola en cabriola, hasta el final de su mandato?