Federico Castillo
Los funcionarios del Casmu resolvieron ayer radicalizar el conflicto: habrá paro por tiempo indeterminado y la guardia gremial abandonará rotativamente sus tareas. Exigen el pago inmediato de los sueldos de marzo y rechazan rebajas.
Luego de muchas asambleas donde primaron posturas moderadas, ayer las fracciones más radicales de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) se unieron para presentar una moción conjunta que profundiza el conflicto con la mutualista.
A partir de esta jornada habrá huelga de funcionarios en el Casmu: se trabajará con guardia gremial y en un régimen similar al de los fines de semana y días feriados. Además, los funcionarios no médicos harán desalojos rotativos de una hora todos los días, es decir, que durante 60 minutos los trabajadores abandonarán sus puestos y saldrán a protestar a la vereda de las distintas sedes de la institución. "Se va a ver seriamente resentida la asistencia a los usuarios", reconoció la secretaria general del gremio, Cecilia Miller.
También habrá olla popular rotativa por todos los locales del Casmu de 10 a 14 horas.
Estas acciones se implementarán hasta que la Junta Directiva de la mutualista pague la totalidad de los sueldos de marzo sin los descuentos previstos por convenio (ayer se pagó el 50% de los salarios mediante vales y con las afectaciones).
También reclaman que se cancelen los adeudos por concepto de salario vacacional y se elimine de cualquier mesa de negociación la posibilidad de instrumentar acuerdos que incluyan nuevas rebajas en los sueldos de los funcionarios.
Las listas 1973 y 1° de Mayo propusieron esta plataforma que terminó venciendo a la presentada por la Lista 3 (mayoría en el Consejo Directivo) por 266 votos contra 144.
Otro plan de acción resuelto ayer por la mayoría es proponer a la Federación Uruguaya de la Salud -gremio madre de Afcasmu- la posibilidad de realizar una asamblea general urgente que analice una huelga general en la salud privada en virtud del momento crítico por el que atraviesa la mutualista más grande del país. "La asistencia de 230.000 usuarios del Casmu corre riesgo en este contexto", argumentó la dirigente de Afcasmu, Serlia Márquez.
Hoy a la hora 10 está prevista una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio presentará la plataforma votada en la asamblea. El director nacional de Trabajo, Julio Baráibar, dijo anoche a El País que aún no estaba confirmado ese encuentro, y que si bien existe voluntad negociadora no es muy partidario de sentarse a dialogar cuando ya hay medidas de lucha aprobadas por los trabajadores.
Los funcionarios se concentrarán a la hora 9 en el local de 8 de Octubre y Abreu y de ahí marcharán hacia el MSP.
TENSIÓN. La de ayer fue una asamblea concurrida y por momentos muy caliente.
El calor lo pusieron los oradores en sus discursos y también las réplicas de desaprobación o los eventuales aplausos que bajaban desde las gradas.
Un momento particularmente tenso se produjo mientras hacía uso de la palabra el presidente de Afcasmu, Luis Laxalt, quien además de abucheos desde la tribuna tuvo que soportar a una mujer que estuvo a punto de la agresión: la frenaron a tiempo.
"El enemigo no está acá dentro, hay que visualizar eso", reflexionó Laxalt.
Tanto el gobierno como la Junta Directiva de la mutualista fueron blanco de duras críticas por parte de los funcionarios.
Se habló de que el Poder Ejecutivo "defiende únicamente los privilegios de la clase médica" y se dijo que pone plata para tapar "las chanchadas" de la Junta Directiva del Casmu.
Tesorero del Casmu acusó al gremio de boicotear la mutualista
El tesorero de la Junta Directiva del Casmu, Raúl Rodríguez, fue muy crítico con la actitud que los trabajadores no médicos han expuesto en este momento de crisis por el que atraviesa la mutualista, y sugirió que desde el propio Ministerio de Salud Pública se ponen "piedras en el camino" para la viabilidad de la institución.
Rodríguez acusó al sindicato de funcionarios de tener la intención de que cierre la institución para que se instaure un sistema público de salud.
"Yo creo que a lo que se apunta es al sistema estatal de salud. Se apunta a que el Casmu no esté. Y si el Casmu no está, ¿quién va a estar? ¿Qué pasa si el Casmu desaparece? ¿Cuáles son los planteos que hay detrás de todo esto?", dijo el tesorero en declaraciones al programa Entrelíneas de TCC.
"Se está jugando un tema político muy fuerte e importante, porque el mes que viene hay elecciones en Afcasmu", apuntó y lamentó que "todo eso está incidiendo en algo que no tiene que incidir. En este país todo se politiza y ese problema se traslada al gremio y del gremio a nuestra institución", agregó.
El directivo sugirió una intencionalidad de que todo el sistema de salud sea público. "Que el sistema público avance sobre la sociedad civil y que lo privado pase a segundo plano. Hoy se está jugando esas dos visiones", sostuvo.
En ese sentido, también deslizó críticas al director general de Secretaría del MSP, Daniel Olesker. Dijo que mientras en el Ministerio de Economía se quiere encontrar una solución a la crisis que enfrenta la institución, en el Ministerio de Salud Pública "alguna gente puede no querer".
Rodríguez afirmó que hace un tiempo le dijo personalmente a Olesker que estaba poniendo "piedras en el camino" y que éste no le respondió nada. "El que calla otorga", sentenció el integrante de la Junta Directiva del Casmu.
"En el Poder Ejecutivo hay varios poderes ejecutivos y diferentes posiciones. Hay quienes acompañan firmemente determinadas líneas del presidente de la República y otros que acompañan pero ponen sus piedras en el camino", concluyó Rodríguez.
Decreto para control de gestión
Durante la asamblea de ayer, varios funcionarios no médicos del Casmu manejaron la versión de que el Poder Ejecutivo estudia la posibilidad de emitir un decreto por el cual se implementarán mecanismos de control de la gestión de la mutualista.
Trabajadores han denunciado en diversas oportunidades que las comisiones de seguimiento instaladas el año pasado no dieron los resultados esperados. Además criticaron la "inoperancia" de la veedora del Ministerio de Salud Pública. El gremio cuestiona la mala administración de los US$ 15 millones aportados por el gobierno.