Justicia ratificó el embargo al Grupo Casal

El Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno confirmó el embargo cautelar dispuesto en abril del año pasado contra el contratista deportivo Francisco Casal y varios integrantes de su grupo económico por US$ 20 millones.

La decisión fue tomada ayer por los magistrados Jorge Chediak, John Pérez y Tabaré Sosa, quienes coincidieron con la Dirección General Impositiva (DGI) en que existe una deuda de parte de los empresarios, dijeron fuentes judiciales a El País.

El fallo, que hasta ayer había sido notificado solamente a la DGI, menciona el concepto jurídico de "periculum in mora", que implica la existencia de deuda, la cual no fue saldada aún vencidos los plazos legales para ello.

La resolución también argumenta que los negocios de los empresarios se realizan a través de sociedades anónimas panameñas, las cuales no tienen bienes en Uruguay, lo que eventualmente haría peligrar el cobro de los adeudos, indicaron las fuentes.

Además de Casal, el embargo abarca al contador del grupo, Julio Safrán y a los empresarios Carlos Aguilera, Jorge Chijane, Daniel Delgado, Gonzalo Madrid, José Herrera y Héctor Buitrago.

La DGI sostiene que los empresarios deben pagar impuestos por su tarea de venta de jugadores de fútbol al exterior, mientras que estos sostienen que sus negocios, como se realizan fuera de territorio uruguayo, no están gravados.

El abogado Leonardo Costa, uno de los asesores de Casal, dijo anoche a El País que la decisión del Tribunal de Apelaciones era "previsible".

Costa señaló que el fallo "no tiene demasiado efecto" para los intereses de su cliente, porque la última resolución deberá tomarla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una vez que la DGI determine efectivamente la deuda que mantendrían los empresarios.

PERICIA. En tanto, el juez penal Carlos García envió ayer a la fiscal Dora Domenech la pericia contable elaborada por el perito Marcelo Arámbulo, en el marco de la denuncia por defraudación tributaria que la DGI presentó el año pasado contra el Grupo Casal.

En base al informe, la fiscal resolverá si pide el procesamientos o el archivo del caso. Según allegados a uno de los indagados, la pericia sostiene que si bien existe una deuda, es un tema que debería ser analizado desde el punto de vista tributario pero no penal.