Atorrantes e inequidades

Un par de reflexiones sobre este Uruguay de hoy, que nada tienen que ver con el secreto bancario, los paraísos fiscales y la tormenta que se armó, aunque uno de los protagonistas se repite. Hace alrededor de un año, el inefable senador Mujica acuñó una frase para su curriculum: "El Uruguay es un país de atorrantes", que despertó -como no podía ser de otra manera- exclamaciones de admiración entre sus seguidores y sirvió para aumentar su popularidad de "hombre sabio". Pero lo cierto es que a estos uruguayos "atorrantes" les preocupa la crisis internacional y les aterra cómo puede influir en sus puestos de trabajo, que ven peligrar. Los datos que se tienen hasta el momento (enero de 2009) son bastante preocupantes: en los últimos cuatro meses (a partir de octubre) las empresas han presentado solicitudes para acceder al seguro de paro a un promedio de 7.142 operarios por mes y los que se encuentran en esta situación -que supone una sensible rebaja de sus ingresos- ascienden a 26.386.

No es una cifra menor, y peor es que la tendencia ha sido constante desde que los efectos empezaron a golpear en estas costas y que la crisis -a nivel internacional- no parece tener una solución rápida. Los impresionantes aportes de los gobiernos poderosos (se vuelcan miles y miles de millones de dólares desde Estados Unidos, Europa y el Japón) no han logrado aún blindar los mercados de los vaivenes amenazantes de una coyuntura que no cede.

Y vuelve entonces el fantasma del 2002 a nuestro país. Hay heridas que aún no han cicatrizado; los uruguayos tienen muy claros los recuerdos de aquel año cargado de incertidumbre, los sacrificios y los costos que se pagaron para salir adelante. Aquella crisis la soportaron y la sufrieron las empresas y los trabajadores privados. Sobre todo estos últimos, que vieron cómo se perdían sus fuentes de trabajo, cómo se reducían sus salarios y conocieron cómo se vivía desde el seguro de paro. Lo mismo que está empezando a ocurrir ahora.

Los trabajadores que están en seguro de paro son todos provenientes de la actividad privada. Ninguno de la pública, donde las crisis parecen no golpear, no afectan los salarios ni sus aumentos, no están bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo y de la existencia de un seguro de desempleo se enteran por los diarios. Como si esto fuera poco, un informe de "Búsqueda" de la semana pasada, sobre datos del BPS, concluye que "los funcionarios públicos cobran en promedio dos veces y media lo que ganan los trabajadores que se desempeñan en el sector privado".

¿Es éste el Uruguay productivo?

Esta inequidad del Estado, esta discriminación, no se limita a la hora de distinguir entre públicos y privados. Aún entre los públicos existen diferencias que constituyen un atropello a elementales normas éticas. No se respeta ni por asomo la regla de que a "igual función, igual remuneración", principio de justicia cuando el patrón es el mismo: el Estado. Pero no, aquí se mantiene aquello de que hay ciudadanos de primera y de segunda, porque la prometida reforma del Estado, "la madre de todas las reformas", como le gustaba decir a Vázquez, nunca parió y fue estratégicamente dejada de lado, porque su costo electoral sería cuantioso. Una magna obra de la que sólo se escribió el título, aunque el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio habló de que "la ciudadanía percibe que parte del funcionariado se encuentra en situación de privilegio" y la pregunta es ¿qué hizo este gobierno de mayorías parlamentarias automáticas para reducir estas diferencias? En una sociedad que reclama hasta el cansancio por seguridad, ¿son justo los sueldos que perciben los policías? Enfrentarse a delincuentes mejor armados y arriesgar la vida ¿vale la pena por unos pocos miles de pesos? ¿No es mejor ser portero o conserje de un banco estatal?

¿Es éste el Uruguay de la justicia social?

Esto es sólo un ejemplo de cómo se maneja el Estado, apañado por un gobierno cargado de soberbia progresista y carente de humildad republicana, que se marcó con el único Norte de la igualdad y en aras de ella pisoteó la Constitución, leyes, derechos y libertades.

Es que tal vez todos coincidieran con Mujica: los uruguayos son unos atorrantes y como tales deben ser tratados, aunque hay algunos más vivos que tienen padrino y viven mejor.