Los rapiñeros son la mayoría

En su informe elevado en la víspera al Parlamento, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé indicó que en este momento ocurre algo "inédito" en la historia penitenciaria del país: el delito líder es la rapiña (31%), seguido del hurto (18,1%), luego el homicidio (16,4%) y más lejos la violación con el 7,6%. El porcentaje restante se reparte entre otros actos delictivos.

El documento de Garcé señaló que la población carcelaria se destaca también por su baja edad y mala escolaridad. El 58,83% de los encarcelados censados por el comisionado parlamentario no culminó sus estudios, sean estos del nivel que sean.

Los datos sobre el trabajo de los reclusos muestran "la fuerte presencia" del empleo precario o del trabajo industrial-secundario. El 61,35% de la población censada pertenecía a ocupaciones como: obreros, cuenta propia, doméstico, changador, desocupado y subocupado, según expresa el documento de Garcé.

MEDIDAS. A pesar del aumento en los envíos a la Justicia de delincuentes por parte de la Policía, a nivel nacional la característica fundamental de la relación -detenidos y remitidos- indica que las fuerzas policiales "detienen mucho más" personas de las que traslada a los estrados penales, según el informe.

En su documento, Garcé también advirtió que no necesariamente el incremento de los encarcelados obedece a una relación mecánica con la suba de los delitos; en muchos casos, como el caso uruguayo, el incremento de las tasas de presos obedece a los efectos de una política criminal.

El comisionado se refiere a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 1995 y a otras normas que generan una elevada acción punitiva del Estado y llena las cárceles. Es decir, los jueces deben ordenar la prisión del delincuente por delitos que podrían ser excarcelables. Por ello, en sus recomendaciones presentadas en el informe, Garcé pide la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva en los casos de delitos de menor cuantía.

Con respecto a la agremiación de los reclusos, el comisionado parlamentario señaló que en varias cárceles se violan esos derechos pese a las órdenes emitidas por el Ministerio del Interior.

Garcé recomendó a dicha cartera que permita el uso de celulares en los centros de mínima seguridad o abiertos por considerar que estos no violan la seguridad de esos recintos.