Época de violencia

La gente de Pando se reunió en la plaza para protestar contra la ola de violencia delictiva que está soportando la ciudad. Esa reacción colectiva fue el resultado de una temporada en que los agresores asaltaron domicilios particulares, quioscos, supermercados y hasta la terminal de ómnibus, configurando un cuadro en que el temor de la población ocupa un primer lugar, desembocando en un clima social por lo menos inusitado para ese medio. A raíz de esos atropellos y del miedo general, la población concurrió a la plaza reclamando de las autoridades el amparo que por el momento no tiene. Parece difícil que los montevideanos lleguen a medir el impacto que la cresta de violencia criminal provoca en los uruguayos del interior del país, porque esa gente estaba habituada a vivir en un medio donde el riesgo de un asalto no existía. Una familia de Florida confesó que hasta hace algunos años se iba a dormir por la noche sin cerrar la puerta de calle con llave. Un habitante de Durazno señaló que durante buena parte de su vida no sacaba del auto la llave de contacto, aunque el auto quedaba en la calle durante la noche, porque no había peligro alguno de que se lo llevaran.

Desde esa envidiable situación, los uruguayos han bajado hasta la etapa actual pasando de la tranquilidad al sobresalto. En una misma página de crónica policial de un diario montevideano, hace pocos días se informaba que habían desvalijado varias casas en la ciudad de Colonia y que en Mercedes acababan de asaltar un supermercado, aunque el episodio no era un caso aislado sino que se sumaba a la seguidilla de hurtos y rapiñas de los últimos tiempos. En Pando ha ocurrido un proceso similar, aunque también suceden crecientes hechos de violencia en Maldonado, Paysandú o Treinta y Tres, desfigurando el modo de vida a que estaba acostumbrada la gente y degradando la calidad de esa convivencia, que ahora se ha vuelto recelosa e impredecible ante la acechanza de un medio delictivo que aumenta día a día. Hace algunas semanas, en la Costa de Oro, los vecinos resolvieron organizarse para hacer frente a la criminalidad que los asedia, demostrando que los particulares tienen que tomar a su cargo una parte de las tareas que debería cumplir la fuerza policial, luego de comprobar la insuficiencia o la impotencia de esos efectivos ante el temible giro que sufre la realidad.

Como el país ha ingresado en un año electoral, los precandidatos a la presidencia no pueden eludir el fenómeno de la inseguridad, que para mucha gente se ha convertido en una fuente de angustia. No hay más que ver las rejas colocadas en infinidad de casas de familia de la capital, para medir las previsiones que los habitantes están obligados a adoptar como una de sus defensas ante el aluvión criminal. Más interesante aún que ese bosque de barrotes de hierro, es la reflexión irónica que han formulado unos cuantos montevideanos, señalando que los delincuentes "están afuera, en libertad, mientras nosotros estamos dentro, detrás de las rejas, como prisioneros". Ese mundo al revés debe figurar como la consecuencia más visible de un proceso de descalabro social, aunque otra consecuencia es el inusitado número de uruguayos que ha decidido armarse, comprando pistolas o revólveres como instrumento adicional para hacer frente a la situación. Los montevideanos más viejos recordarán la época en que se vivía sin temor -que también eran los años en que podía verse una presencia policial en las calles de cualquier barrio- pero ahora aquel panorama resulta ya irreconocible.

Los tres precandidatos de la izquierda opinaron sobre la inseguridad, aunque hablaron de las medidas de fondo que habría que tomar para recomponer un equilibrio y lograr en el futuro la rehabilitación de los delincuentes, confundiendo esos planes con las urgentes disposiciones que deberían adoptarse mañana mismo para proteger a la población de las amenazas de la violencia, porque allí se juega no sólo el derecho a la seguridad personal y familiar, sino además la integridad física de cada uno y hasta la vida de las víctimas. Sin perjuicio de considerar un amplio operativo para recuperar a la juventud que incurre en actividades criminales, no hay más remedio que plantear medidas inmediatas para salvar a la ciudadanía del peligro. Eso forma parte de las responsabilidades de cualquier gobierno y es también una obligación ineludible, con la cual por el momento no se cumple.