La imputabilidad y la esperanza

GUSTAVO BORSARI

Hoy los jóvenes inimputables que cometen un delito grave en nuestro país, están condenados a volver a delinquir o a fugarse del establecimiento al que fueron destinados. Y lo que es peor, están condenados a vivir sin la esperanza de su recuperación e inserción en la familia y en la sociedad.

Estamos pensando en actitudes delictivas tales como homicidio, violación, secuestro, copamiento, rapiña y aquellas acciones ilegales graves establecidas a texto expreso en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Cuando un joven menor de 18 años comete un acto de este tipo, la sociedad tiene dos deberes: el primero es internar en un lugar seguro al menor a los efectos de que no se escape (como lamentablemente sucede hoy), y el segundo es hacer que el tiempo en que esté internado sea de la mejor calidad posible.

Hace pocos días presentamos un proyecto de ley que tiende a ello. Es decir a la creación de un nuevo estatuto del menor infractor. Pienso que nada es peor al sistema que tenemos hoy en Uruguay.

Trátase de quitar el problema al INAU y crear un nuevo instituto con un nuevo establecimiento que se especialice en la verdadera recuperación de quien ha cometido un acto tan grave con tan pocos años. Estos menores serían internados en dicho nuevo establecimiento, con guardia del Ministerio del Interior, pero con la atención de médicos especializados, que sepan y traten de rehabilitarlos realmente.

Se trata de darle a quien ha cometido un acto delictivo a tan temprana edad, la posibilidad de obtener su libertad. Sí, aunque parezca contradictorio, se trata de darle la libertad que hoy no tiene: la de reinsertarse en la sociedad. Hoy, lo condenamos a volver al infierno que lo llevó a delinquir. Hay que animarse a romper estas cadenas que nos atan.

Los países con mayor desarrollo social y económico en el mundo han aprobado sistemas especiales de este tipo que atienden una realidad que sólo en nuestro país nos negamos a ver. En Alemania el sistema especial para jóvenes infractores arranca a los 14 años. En Inglaterra a los 10 y 15. En la España socialista se aprobó un estatuto especial a partir de los 14 años. Es decir, el mundo cambió y el Uruguay también, sólo que los uruguayos nos negamos a verlo.

El Código Penal que nos rige, del año 1934, estableció normas para esa época, es decir de hace ¡74 años! ¿Alguien puede pensar o sostener seriamente que un menor de 18 años es igual hoy a aquellos de 1934? No menos importante, creando este sistema quitaríamos al INAU una responsabilidad que hoy no puede atender.

Es insostenible seguir viendo a madres con bebés en los brazos en las esquinas o niños pidiendo en los semáforos sin que el instituto actúe. Eso es violación de una norma muy clara: los deberes inherentes a la patria potestad. El sistema cierra concediéndole al juez de menores la potestad de declarar si el menor actuó con conciencia de cometer el acto ilícito. Recién en ese momento se le declarará imputable y será sometido a la autoridad de juez penal, quien de hallarlo culpable sólo lo podrá internar en el instituto especial creado para su rehabilitación.

Es necesario sacudirnos el problema, encararlo, que es lo que tanto le cuesta a nuestra sociedad. Estoy seguro que una vez hecho, todos nos sentiremos mejor y los menores en esta situación con la esperanza que hoy no tienen.