Plan reactivación económica se convierte en ley

El presidente Barack Obama promulgó la ley de estímulos económicos por 787.000 millones de dólares con los que intentará sacar al país de la recesión.

Las principales disposiciones del gigantesco plan son las siguientes:

El objetivo es crear o salvar de tres a cuatro millones de empleos.

Un tercio está constituido por reducciones fiscales de unos 286.000 millones de dólares y el resto por gastos públicos en proyectos destinados a alentar la recuperación económica.

Entre las reducciones fiscales figura la medida clave prometida durante la campaña de Obama. Cerca de 95% de las familias estadounidenses deberían beneficiarse con ella. Los contribuyentes individuales recibirán un rembolso de 400 dólares y las familias 800 dólares anuales en 2009 y 2010.

Figuran también en el proyecto más de 20.000 millones de dólares en reducciones de impuestos destinadas a las empresas.

Entre las otras medidas emblemáticas, se cuenta la renovación y modificación de un crédito impositivo para las energías renovables que costará 13.100 millones de dólares. En total, los gastos en el sector de las energías renovables alcanzan 19.900 millones de dólares.

También se destinan 11.000 millones de dólares a modernizar la red eléctrica.

Por otra parte se otorgan 43.700 millones de dólares a la ayuda a familias y personas afectadas por la crisis, de los cuales 26.900 millones a prolongar un plan de emergencia para indemnizar a los desempleados.

En el capítulo de infraestructuras, las autopistas reciben 27.500 millones de dólares y los transportes públicos 8.400 millones.

Los planes de financiación de viviendas para familias pobres recibirán cerca de 10.000 millones de dólares.

En el sector de ciencias, varias agencias e institutos de investigación recibirán 6.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones para la NASA.

La salud recibirá 19.000 millones para financiar empleos relacionados con las nuevas tecnologías.

El capítulo de la educación, de un total de 105.900 millones prevé "un fondo de estabilización presupuestaria" para los Estados, de un total de 53.600 millones, destinado principalmente a financiar la renovación de los centros de enseñanza.