C.Q.C.

Al comentar frente a los medios el procesamiento con prisión del reputado penalista Carlos Curbelo Tammaro, el presidente Tabaré Vázquez fue terminante al afirmar que durante su gestión han dejado de existir ciudadanos "intocables" para las autoridades y la Justicia.

El que las hace, ahora las paga. Según el presidente, todos somos ahora iguales ante la ley. Ya no hay lugar para hijos y entenados. Si alguien se aparta de las normas, no importa su condición económica, sus vínculos políticos o la estatura de los padrinos que pidan por él. La norma nos aplica a todos.

Eso quiere decir mucho. Por ejemplo, significa que si un alto funcionario de un gobierno fuera denunciado por los servicios técnicos de un banco del Estado por haber amenazado con no pagar un crédito si la institución no ajustaba a la baja su deuda, el episodio no quedará en el olvido. Significa que si se constataran severas inconsistencias en las declaraciones juradas de ese alto funcionario de los años 2000, 2002 y 2004, el tema no sería pasado por alto.

Vázquez nos está diciendo que si un hombre de su máxima confianza hubiera omitido declarar una deuda de más de 135 mil dólares estaría en problemas. Que si esa persona tuviera campos y olvidara declarar la propiedad de somovientes, no le bastaría con excusarse diciendo que "se le pasó" hacerlo y jurar que "fue un error", pero en todo caso cometido sin "mala fe".

El presidente nos está dando un mensaje claro. En el Uruguay progresista, un alto jerarca de gobierno no puede andar por la vida como si nada si se constata que su auto está a nombre de familiares.

Y si se denuncian irregularidades en una licitación, y se mencionan a presuntos involucrados con nombre y apellido, se investiga y se mete el bisturí a fondo. Sin temores. Porque no hay partidos a salvo de la tentación y porque cualquier esfuerzo debe ser poco para defender la honradez administrativa.

Es muy importante que, en los tiempos que corren, el presidente haya dicho lo que ha dicho. En las semanas por venir, poco importa si antes o después de la feria judicial, situaciones como las antes mencionadas y otras que involucran a destacadas personalidades de los gobiernos nacional y departamental del Frente Amplio se ventilarán en los tribunales de Justicia y en los medios de comunicación.

Será el turno de los magistrados de llegar a la verdad, para deslindar responsabilidades y determinar si se han violado o no las normas vigentes. Y de determinar si corresponde llamar o no a responsabilidades a esos altos funcionarios, por su participación en los presuntos delitos que se les imputan.

Pero en todo caso, y como ha dicho el presidente con diáfana claridad, los magistrados y los ciudadanos todos, sin distinción de banderías, deberemos tener claro cuando ese tiempo llegue que en el Uruguay en el que vivimos se han terminado los "intocables".

Y que por encima de fueros que se terminan y de fueros que se renueven, el principio que nos iguala a todos ante la ley es el que debe primar. Sin importar apellidos, trayectorias ni cargos ejercidos o por ejercer. Sin importar cercanías ideológicas o prestigios académicos. Caiga quien caiga.

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