Reformemos el Estado

Ricardo Reilly Salaverri

Escribiré sin buscar sustento en los especialistas de la ciencia de la administración estatal, ni en nuestros catedráticos del Derecho Administrativo, que los hay formidables. Hablaré en adelante sobre la "Reforma del Estado", en base a mi experiencia personal como empleado público y desde la más reciente como administrado.

Ingresé como Procurador al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 1972, seguí como abogado del escalafón técnico profesional y miembro de su asesoría letrada hasta marzo de 1990, y desde entonces hasta 1996 me desempeñé como funcionario político durante el gobierno nacionalista (como Ministro inclusive). Viví tiempos distintos y responsabilidades distintas, hasta pasar exclusivamente a la actividad privada.

Nuestro Estado es un pulpo con múltiples tentáculos.

Así se distingue el Estado central, encabezado por el Presidente de la República, organismos directamente asesores de éste, todos los ministerios (Salud Pública, Economía y Finanzas, Interior, Defensa Nacional, etc.), a los que suman con carácter presupuestal -entre otros- el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y los organismos vinculados con la educación pública en todos sus niveles y los organismos de contralor. La financiación de los gastos e inversiones en este segmento los pagamos a través de los impuestos nacionales (IVA, IRPF, renta de las empresas privadas, Primaria, etc.).

Lo recaudado se destina en lo fundamental a pagar los sueldos de los funcionarios que revistan en la plantilla de los organismos aludidos, a sostener el déficit del Banco de Previsión Social y al pago de los servicios de la deuda externa. La deuda externa que exige periódicamente el pago de intereses y en su momento de deudas de capital, se usa principalmente para cubrir los gastos del Estado central respecto de los cuales la pesada recaudación que se impone a los contribuyentes (los "nabos de siempre", Tomás Lynn dixit), no alcanza. La pagamos todos.

Los "entes autónomos y servicios descentralizados", así llamados por la Constitución, son conocidos hoy eufemísticamente como las "empresas del Estado".

Para los empleados y sindicalistas estatales representan el sueño del pibe porque ¡tienen recursos propios!, regulan sus ingresos y gastos -salarios incluidos- y fijan los precios de sus servicios. Con buena salud aseguran estabilidad y sueldos que no conoce el trabajador privado. Allí se ubican, en general, los mejores sueldos públicos. En actividades que van desde la producción a las actividades financieras, pasando por las comerciales.

Finalmente, recordaré, están las intendencias municipales de los 19 departamentos. También con presupuesto propio. La de Montevideo, por buscar un ejemplo, multiplicó por cuatro en valores constantes sus ingresos tributarios -contribución inmobiliaria y patente de rodados- en 20 años. Y, si bien hay otras mejor administradas, debe recordarse que la austeridad administrativa no es electoralmente redituable.

Tenemos 240.000 empleados públicos y Estado caro.

¿Es posible reformar al Estado uruguayo?