En el último de los varios viajes a Cuba que hizo este año, el ministro de Industria, Raúl Sendic, conversó con autoridades de aquel país sobre la creación en la isla caribeña de una empresa mixta para la explotación de la caña de azúcar. En efecto, a fines del mes pasado, el ministro habló en La Habana sobre ese proyecto uruguayo-cubano que tendría al azúcar como eje sobre la base de la experiencia recogida en la planta de Alur en Bella Unión.
Si esa es la base resulta difícil augurarle buen destino a este proyecto binacional. Alur es un barril sin fondo que ya se tragó cien millones de dólares en el intento por hacer rentable una agroindustria propia de un país tropical, carente de heladas invernales que destruyan los cultivos como pasa en Uruguay.
Una investigación universitaria sobre el tema reveló que, sin innovaciones tecnológicas en el proceso industrial, Alur no sobrevivirá, salvo que se la convierta en una empresa envasadora y vendedora de azúcar importado. Además, lo raro de esa experiencia es que se concreta en la frontera de un país como Brasil, gran productor azucarero con costos mucho más reducidos que los nuestros.
Detrás de esa operación con el azúcar que incluye la posibilidad de producir combustible a partir de la caña, anidan inocultables intenciones políticas. Una es rendir tributo a los pujos revolucionarios de Sendic padre, quien organizó a los cañeros de Artigas en sucesivas marchas a Montevideo, germen de la formación del movimiento tupamaro. Otra es la de redoblar lazos con la dictadura de los Castro.
Alur ya tiene un acuerdo de cooperación con la empresa estatal cubana Tecnoazúcar que canaliza un intercambio de técnicos y experiencias entre ambos países.
Según el nuevo anuncio de Sendic, estas relaciones se acrecentarían con inversiones uruguayas en un ingenio azucarero en Cuba. Es decir, que a las pérdidas de Alur se sumaría en el futuro otro negocio, éste de carácter internacional, seguramente ruinoso como la mayoría de los que hace Cuba, un país tecnológicamente retrasado y aplastado por el peso de su burocracia estatal.
¿Hasta dónde llegará este despilfarro de recursos?