Red de narcos planeaba enviar 100 kilos de cocaína

1/1

La Policía Antidrogas desarticuló una organización de uruguayos y argentinos, con conexiones en Colombia y Bolivia, cuando se disponía a embarcar 100 kilos de cocaína a Europa. Hay ocho procesados, pero la investigación continúa.

La Operación Atlas comenzó hace poco más de un mes, cuando los investigadores de la Brigada Nacional Antidrogas obtuvieron los primeros indicios de una vasta red de traficantes que comenzaba a montar su fachada legal. Estos indicios fueron suficientes como para que el juez especializado en Crimen Organizado, Jorge Díaz, autorizara la vigilancia electrónica de los involucrados. En la madrugada del jueves las operaciones de inteligencia concluyeron cuando una camioneta Fiat atravesó el puente internacional General Artigas y entró a Paysandú. Disimulados en la caja del vehículo venían 76 ladrillos, algo más de 84 kilos de clorhidrato de cocaína de extrema pureza procedentes de Colombia. Faltaban otros 16 kilos para completar un embarque de 100 que la incipiente organización planeaba traficar a Europa, disimulados en un cargamento de madera que sería embarcado en el Puerto de Montevideo.

"Con estas personas detenidas encontramos una segunda generación de traficantes, personas que hasta ahora no tenían antecedentes penales y que por los altos réditos del tráfico de drogas se dedican a esta actividad", comentó ayer el juez Jorge Díaz.

El cabecilla de la organización es el uruguayo A.M.P. (37), residente en la ciudad de Trinidad donde fue capturado, y secundado por el argentino F.R.G.R. (20), detenido también en la capital de Flores. Otro argentino que integraba la red fue capturado en Nueva Palmira, ciudad portuaria que los traficantes utilizaban como base de operaciones para su fachada legal. Allí, precisamente, los investigadores detectaron que fue aligerado parte del alijo de cocaína ya que los traficantes pensaban vender la droga en el mercado local, concretamente en la ciudad de Maldonado, desde donde operaba otro integrante de la red también detenido, con el fin de financiar la operación mayor.

EJE REGIONAL. "A diferencia de otros casos en los que hemos intervenido, que se trataba de gente que aportaba capital desde una actividad legal para financiar una operación de tráfico, estas personas tenían una actividad empresarial pero el dinero con que financiaban la droga era ilícito", explicó el magistrado especializado. Estos traficantes de "segunda generación" forman parte de una red muy extendida. La cocaína procedía de Colombia, donde dos hombres de esa nacionalidad ya identificados por la Policía Antidrogas fueron los encargados de suministrarla. El alijo pasó por Bolivia, donde dos uruguayos residentes allí fueron los encargados de llevarla hasta Argentina y desde allí ingresado a Uruguay por el puente internacional que une a Colón y Paysandú. "Estamos en contacto con las autoridades colombianas para solicitarles apoyo", indicó Díaz.

La Operación Atlas lleva hasta ahora un total de ocho personas detenidas y procesadas: F.A.G.L. (32) y su esposa A.V.V. (27), la pareja que cruzó el cargamento por el puente; A.M.P., el líder de la red en Uruguay, F.R.G.R., argentino; otro argentino detenido en Nueva Palmira, M.F.P.P. y una mujer viuda de 67 años, M.B.C.S. que junto a otra mujer, A.B.G.C. (39) fueron detenidas en la ciudad coloniense durante tres allanamientos simultáneos. En Maldonado fue detenido A.P.M.P. (35), considerado otro de los principales de la red ya que era el contacto encargado de vender la droga en el mercado local, dinero que financiaría el resto del tráfico.

La investigación continúa, y se espera que haya nuevas detenciones, algunas a nivel internacional. "Como siempre decimos, ahora hay que barajar y dar de nuevo", concluyó el juez Díaz.

Los reiterados casos de reclusos que regentean bocas de venta de pasta base desde un establecimiento penitenciario -el último fue descubierto esta semana- son materia de preocupación para la Justicia. Así lo reconoció el juez especializado en Crimen Organizado, Jorge Díaz.

El magistrado admitió que es muy difícil controlar el ingreso de teléfonos celulares a los centros de reclusión. "Estamos hablando de un chip, un objeto que mide dos centímetros y un milímetro de espesor, basta que el recluso tenga acceso a un teléfono en cualquier momento para que lo use", razonó Díaz.

No obstante ello, el magistrado especializado en Crimen Organizado recordó las experiencias en otros países, en particular en Brasil. "En las cárceles de máxima seguridad de Brasil se ha recurrido al bloqueo electrónico (de los celulares) porque se ha partido de la base de que es muy difícil impedir el acceso de los reclusos a teléfonos celulares", recordó Díaz.

Otra dificultad para combatir el tráfico de pasta base, indicó, es que "ingresa al país cada semana y en pequeñas cantidades".